La sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Faisán es el mayor escándalo judicial de los últimos años, sólo superada por la que cerró en falso el 11-M. Es toda una afrenta a nuestro Estado de Derecho reconocer judicialmente que el Gobierno colaboró con una banda terrorista avisándola de una operación policial, para acabar sancionando levemente a los dos autores materiales por un delito menor que contradice la gravedad de los hechos que ese mismo tribunal considera formalmente probados.
La intromisión de la política en un caso de tanta trascendencia, que debiera haber sido juzgado en atención exclusiva a las pruebas aportadas, ha quedado suficientemente de manifiesto en la referencia expresa que se hace en la sentencia a la existencia de una negociación entre el Gobierno y ETA, cuyo éxito había que preservar. Y si la perversión acreditada de la Justicia en este caso resulta un escándalo clamoroso, lo mismo cabe decir de la reacción de los dos principales partidos al conocerse la resolución de un asunto que protagonizó en la legislatura anterior las mayores refriegas parlamentarias.
Ni Partido Popular ni PSOE han tenido a bien hacer la menor valoración sobre la sentencia, un silencio clamoroso que revela la voluntad de ambas formaciones de dar también carpetazo político a la traición perpetrada por el anterior Gobierno, que no dudó en utilizar los mecanismos de la lucha antiterrorista para colaborar con los delincuentes a los que debía perseguir. Ambos partidos han decidido pasar página y aún está por ver si el PP, personado en la causa como acusación particular, decide hacer uso de su derecho al recurso judicial para revisar una sentencia que ha agredido a las víctimas del terrorismo, ofendido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y estremecido a la inmensa mayoría de los españoles.
A pesar de que en algún momento hayan escenificado fuertes enfrentamientos por este motivo, es evidente que los dos principales partidos políticos están de acuerdo en dar por buena la rendición del Estado de Derecho a una banda terrorista. La suavización injustificada del régimen penitenciario de asesinos convictos y confesos no es una anomalía excepcional, como muchos pensaban, sino el preciso corolario para que la traición sea completa.