La Audiencia Provincial de Palma acaba de sentenciar que la forma con la que el ex presidente balear, Jaume Matas, benefició con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, para llevar a cabo una campaña para realzar su actividad política, es constitutiva de varios delitos, entre los que se encuentran el fraude a la Administración y falsedad en documentación oficial, la falsedad en documento mercantil o la prevaricación en concurso medial con malversación. A ellos habría que sumar el delito de tráfico de influencias, por lo que, en total, Matas ha sido condenado a seis años de cárcel.
Tanto el abogado del ex presidente balear, como el del periodista condenado a tres años y nueve meses de cárcel, han anunciado que recurrirán esta sentencia "muy dura" ante el Tribunal Supremo. Aunque el tiempo y el Supremo dirán, efectivamente, la última palabra, el problema no está –todo lo contrario- en que la ley castigue muy severamente la corrupción, sino en que esta no se castigue en función de donde se produzca o quien sea el que la perpetre. En este sentido, si Matas "pulverizó los esquemas de las contrataciones en las administraciones públicas" –según señala la presidenta del Tribunal que lo ha condenado-, ¿cuantos delitos perpetraron y cuantos años de condena merecen los que malversaron miles de millones de euros en EREs falsos en Andalucía?
Resulta, en este sentido, patético que el PSOE recuerde que el candidato del PP a presidir la Junta de Andalucia, Javier Arenas, fue "compañero de banco azul" de Matas, tal y como han hecho no pocos dirigentes socialistas al conocerse la noticia de la condena. Para empezar, los hechos juzgados son relativos a un momento en el que Matas era presidente de la Comunidad balear, no miembro del Gobierno de Aznar. Al margen de esto, Matas no es miembro del Partido Popular desde que, en 2010, pidió la suspensión voluntaria de militancia, una vez implicado en el caso Palma Arena y según determina el llamado Código de Buenas Prácticas de ese partido. Pero, sobretodo, referirse en esos términos a un caso de corrupción como el que nos ocupa, con la que ha caído en Andalucía –en donde nadie ha presentado todavía su dimisión- es tanto como ver la paja en el ojo ajeno para ocultar la viga en el propio.
En definitiva, la ley y la intolerancia hacia la corrupción debe ser igual para todos, ya este implicado en ella un ex presidente de Baleares, el marido de una Infanta o el anterior o actual presidente de la Junta andaluza.