Si el modelo político español se construyó bajo la nefasta premisa de "café para todos", parace que el modelo de financiación de esa estructura política no va a apartarse demasiado de tales principios. Y lo cierto es que no es de extrañar, ya que las "contradicciones internas" de la configuración del Estado han terminado por buscar refugio en el presupuesto.

Básicamente, las comunidades autónomas han ido desarrollado su propia administración para competir con la del Estado. Nuestro país ha padecido una duplicación de las funciones y los cargos públicos simplemente porque las autonomías se han negado a ser las representantes de España en sus regiones. Han querido convertirse en algo distinto a España (especial, pero no exclusivamente, en las zonas con presencia nacionalista) pero sin dejar de ser España: en esencia, y por muchos alegatos independentistas que se hayan lanzado, el objetivo último es una independencia sufragada y mantenida por el resto del país; algo así como los refugios indígenas estadounidenses.

El sistema de financiación autonómica no es más que la derivada lógica de esta pretensión: las autonomías determinan sus "necesidades de gasto" muy por encima de sus ingresos, y la diferencia la paga el Estado central. Así, tras las correspondientes cesiones de tributos, una gran parte de los impuestos de los españoles se introducen en una caja negra donde se redistribuirán entre las autonomías en función del gasto que les quede pendiente de cubrir.

Lo importante no es lograr una financiación justa y eficiente, sino que cada mandatario político obtenga la mayor cantidad posible de impuestos del resto de los españoles; un perverso incentivo a la irresponsabilidad política y presupuestaria: cuanto más necesidades de gasto se le reconozcan a cada comunidad, más podrá tomar de todos los españoles. Las autonomías que quieran gastar menos no verán recompensados a sus ciudadanos con una menor presión fiscal, ya que igualmente habrán de pagar la abultada factura del resto de políticos regionales manirrotos. Sólo así puede entenderse que el independentismo catalán estuviera obsesionado con maximizar los ingresos fiscales per cápita de su comunidad: queremos que España nos sufrague nuestro lujoso Estado catalán independiente.

La reforma socialista mantiene y amplía este vicio de raíz ya que pretende saciar las expansiones del poder político de los caudillos autonómicos con 11.000 millones más al año que saldrán de los bolsillos de todos los españoles. La más beneficiada de esta dotación adicional será, obviamente, Cataluña; algo en total consonancia con la total dependencia política –y afinidad ideológica– del Gobierno de Zapatero de las minorías radicales españolas, entre las que sobresale el nacionalismo catalán.

Lo trágico es que la mayoría de gobernantes autonómicos han guardado silencio o han aplaudido este enorme despilfarro en tiempos de crisis porque todas ellas van a recibir más dinero a partir de 2009. ¿Cómo es posible que en unos momentos en los que la recaudación se está hundiendo todas las comunidades perciban más fondos que durante las épocas de bonanza? Simplemente porque el Estado central incrementará sus recursos emitiendo deuda, es decir, cargando a las generaciones futuras los costes del café para todos actual.

Precisamente por ello, los políticos autonómicos regionales no sólo deberían pensar en España a la hora de oponerse al plan Salgado. En la medida en que sus ciudadanos pagarán –no como madrileños, catalanes, valencianos o andaluces sino como españoles– vía impositiva los excesos actuales de gasto, deben rechazar esta reforma. Que sea pan para todos hoy y hambre para todos mañana no debería servir de consuelo. Sólo los oportunistas, y no los políticos con perspectiva, se complacen de expoliar a las generaciones futuras para sufragar el voto clientelar de las presentes.