Una vez más, ETA ha sembrado de sangre y terror las calles del País Vasco, esa tierra a la que dice amar y de cuyo pueblo es su peor enemigo. El nuevo crimen, planeado y ejecutado con una precisión y una abundancia de medios que demuestran que la banda cuenta con infraestructura suficiente para cometer atentados de gran envergadura, había sido diseñado para provocar una auténtica matanza en la que podrían haber muerto varios niños. Es un milagro que sólo tengamos que lamentar la pérdida del guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón. A sus seres queridos y a todas las personas heridas y damnificadas expresamos nuestra solidaridad. Confiamos en que todas ellas se recuperen pronta y satisfactoriamente.
Sin embargo, más difícil será borrar la huella de miedo y desconfianza que este nuevo ataque de ETA dejará en la mente y en los corazones no sólo de las víctimas, sino de todos los españoles amenazados directa o indirectamente por los terroristas. En este sentido, la declaración firmada hoy por todos los partidos políticos del arco parlamentario, sindicatos y organizaciones empresariales acierta al definir este atentado como un desafío a los demócratas y un ataque a la vida y a la libertad.
También celebramos que, a diferencia de otras ocasiones, como por ejemplo el asesinato de Isaías Carrasco y el atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid, esta vez el Gobierno ha actuado con la celeridad y la solemnidad exigidas convocando a las fuerzas políticas para expresar con la firmeza que cabe esperar su compromiso con el Estado de Derecho y su propósito de acabar con ETA mediante "la ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia". Una conducta bien diferente a la timidez y la vergonzosa banalidad con que el Ejecutivo reaccionó a los atentados de ETA durante los años del llamado "proceso".
Sin embargo, sería apresurado interpretar el comportamiento del Gobierno como prueba definitiva de un cambio de rumbo en la política de Rodríguez Zapatero. A pesar de que el comunicado no deja resquicio alguno a la negociación, todavía estamos pendientes de que el presidente del Gobierno aclare si ha renunciado totalmente a esta vía, saldada con el fortalecimiento de ETA y la merma de la seguridad y la libertad de todos, o si por el contrario aún no la descarta. Tras seis años de falsedades, medias verdades, desaires y desprecios hacia las víctimas del terrorismo, el Gobierno debería tomar las medidas necesarias para tranquilizar a la población respecto a sus intenciones.
Por su parte, el Partido Popular debe continuar exigiendo la retirada de la autorización concedida por el Congreso de los Diputados a Rodríguez Zapatero para que negocie con ETA. Dado el pésimo historial del Gobierno en cuanto a la lucha contra el terrorismo, desear que sea el propio Ejecutivo quien lo haga sería una incoherencia con la línea seguida hasta la fecha por el partido de Mariano Rajoy. Conviene recordar las palabras de Pérez Rubalcaba a propósito del cambio en la política del Gobierno, que calificó de "fase de confrontación", fase que, naturalmente, podría cambiar por otra en cualquier momento. La ingenuidad es un mal sustituto de la razón.
