Tal y como era previsible, en vista del paripé en que se había convertido el juicio del caso Faisán, la Audiencia Nacional acaba de dictar una sentencia que constituye una auténtica vergüenza para el Estado de Derecho y una ofensa para todas las víctimas del terrorismo.
Aunque el fallo no puede negar la existencia misma del chivatazo, trata de hacer creer a la ciudadanía que los únicos responsables penales del mismo son los dos policías condenados, al tiempo que desvirtúa la naturaleza del delito cometido al calificarlo de revelación de secretos y no de colaboración con banda armada, muchísimo más grave. Pamiés y Ballesteros, aun siendo condenados, no tendrán que ingresar en prisión, por ser sus penas inferiores a dos años.
Los ponentes de esta bochornosa sentencia, Félix Alfonso Guevara Marcos, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado, pretenden que el chivatazo no constituye un delito de colaboración con banda armada por el mero hecho de que los condenados no tenían afinidad ideológica con ETA ni su objetivo era favorecer la actividad de la banda terrorista, sino "que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA". Semejante argumento, por el que el fin justifica los medios, no sólo burla la ley, contradice la jurisprudencia o deja como no acordes a derecho las sentencias por las que en este país muchas personas, sin compartir afinidad de ningún tipo con los terroristas, han sido condenadas y cumplen penas de prisión por colaborar con ellos. Semejante argumento supone, además, una flagrante incoherencia con la propia sentencia, que pretende que los dos policías perpetraron el soplo motu proprio. Si la razón ultima de cometer el delito era no entorpecer el proceso político que, ciertamente, estaba en marcha, ¿pretenden los magistrados que la orden de dar el soplo al aparato de extorsión de ETA no partió de la autoridad política de la que eran subordinados los dos funcionarios condenados?
Esta sentencia, que en la práctica deja impune un delito, no es sino la consumación de una farsa, de un simulacro de proceso judicial que, desde el primer momento, ha querido poner un cortafuegos para salvaguardar a los auténticos responsables penales del delito, que no deberían dejar de serlo por su condición de responsables políticos.