El pasado jueves tuvo lugar una reunión entre los presidentes autonómicos de Cataluña y el País Vasco fuera de la agenda oficial y del foco de los medios informativos. Como si de dos primeros ministros se tratara, Mas y Urkullu se encontraron en la sede del Gobierno Vasco para tratar "asuntos de muto interés" entre los que, obviamente, la operación secesionista organizada por la Generalidad y sus implicaciones para el futuro del País Vasco tuvo que ocupar la mayor parte de la entrevista. El objetivo de ambos nacionalismos ha sido siempre la secesión, en cuyo sendero se han encontrado tradicionalmente para aprovecharse de las ventajas adquiridas por uno y otro según el momento. Desde la utilización del terrorismo al anuncio de una consulta ilegal para declarar la independencia, los pasos de los nacionalismos catalán y vasco han ido siempre acompasados en busca de un objetivo común: la destrucción de la nación española a través de la secesión de Cataluña y el País Vasco
Desde el pasado jueves el Gobierno no puede seguir sosteniendo que la operación secesionista puesta en marcha oficialmente por la Generalidad es una locura de Artur Mas sin mayor recorrido. El presidente de la Generalidad es un político mediocre dispuesto a cualquier excentricidad para mantenerse en el poder autonómico que tanto le costó alcanzar, pero el proyecto independentista que abandera implica la participación de numerosas fuerzas que, como hemos visto esta semana, trascienden la propia comunidad autónoma catalana.
Mientras los asesinos de ETA sometían a España a su dictado de terror, PNV y CiU estuvieron beneficiándose de los privilegios que los distintos gobiernos de España les concedieron sin tasa para premiar su presunta moderación. Agotado el filón terrorista por la tenacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los nacionalistas catalanes han retomado la iniciativa para plantear un desafío institucional al Estado español en el que, como vimos el pasado jueves, van a contar con la colaboración incondicional de sus socios vascos.
A pesar de que el ataque a la Constitución, a la unidad de la Nación y la soberanía del pueblo español iniciada por la Generalidad de Cataluña ya cuenta con el compromiso formal de apoyo del Ejecutivo vasco y el PNV, no cabe esperar que el Gobierno vaya a modificar la respuesta que ha venido ofreciendo hasta ahora, basada fundamentalmente en renunciar a tomar decisiones apelando a una temeraria negociación.
La alianza de Urkully y Artur Mas en una operación que contraviene todas las leyes españolas y las normas internacionales y que, por tanto, los sitúa fuera de la legalidad, constituye un salto cualitativo en un proceso secesionista que la inacción del Gobierno de España está contribuyendo a alimentar. No parece que este sea el Gobierno que vaya a poner fin a los desmanes injustificables de los nacionalistas en dos regiones, País Vasco y Cataluña, donde el Estado lleva huyendo de sus responsabilidades desde los tiempos de la Transición.