De la España de los diecinueve ... a la Europa de los veinticinco. Y todo en apenas veinticuatro horas. De fotografía a fotografía. Mucho tiempo tardará José Luis Rodríguez Zapatero en tener dos días consecutivos tan gloriosos como este jueves y viernes que cierran el mes de octubre. Ayer se firmó en Roma el Tratado Constitucional de la Unión Europea, o, lo que es lo mismo, la tan traída y tan llevada Constitución Europea. Para la ocasión se reunieron en la ciudad eterna los presidentes de Gobierno de todos los países que, a día de hoy, forman la Unión más algunos convidados de piedra que han asistido al evento como aspirantes a formar parte del club comunitario.
En representación española se desplazaron hasta Roma el presidente, Rodríguez Zapatero, y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No cabían en sí de la dicha, pues, hasta hace muy pocos meses, ni se hubiesen imaginado –ni el uno ni el otro- que la historia les tenía reservado tan relevante papel. De hecho, la firma del Tratado se ha llevado a cabo en Roma gracias a una cortesía inexplicable de nuestro presidente para con nuestros vecinos italianos. Ya el Parlamento Europeo había mostrado su intención de celebrar el magno acontecimiento en Madrid a modo de homenaje a las víctimas de la barbarie terrorista del 11 de marzo. Bastó sin embargo que Silvio Berlusconi sugiriese al nuevo inquilino de la Moncloa un nuevo emplazamiento para que éste, aun no repuesto de la imprevista victoria electoral, accediese sin dudarlo a los deseos del líder de Forza Italia.
Dejando a un lado el lugar donde se ha firmado la Constitución, el hecho innegable es que la ceremonia y su ampulosa puesta en escena no pasan de pura retórica hueca muy al estilo de la burocracia continental tan del gusto, por otra parte, de nuestros políticos. El acto de ayer, a efectos prácticos, no ha servido para nada. Los representantes que ayer estamparon su firma con autocomplacencia y sonrisitas cómplices no aprobaron la Constitución, y eso debe quedarle claro a los ciudadanos, se limitaron a dar la conformidad de sus Gobiernos respectivos, que no es poco, pero tampoco es mucho. Para que la Carta Magna entre en vigor será necesario que cada nación la ratifique individualmente, ya a través de sus parlamentos, ya mediante un referendo popular. Bastará que sólo un país –y son veinticinco- diga que no para que la Constitución termine sus días archivada en una escondida gaveta de un despacho bruselense.
Ante semejante desafío lo más probable es que la Constitución tenga más de un problema en salir adelante. En el Reino Unido ha dado comienzo una campaña a favor del no que está cosechando más adeptos de los que sus mentores suponían. En Francia, uno de los países en los que se ha gestado la Constitución gracias a los oficios del ex presidente Valery Giscard d’Estaing, el mismísimo Partido Socialista se ha cuarteado en dos mitades. Una en contra de la Constitución, liderada por Laurent Fabius, y la otra a favor. En Italia, anfitrión de privilegio de la reunión de ayer, los diputados de la Liga Norte ya han anticipado que votarán que no en el Parlamento. En otras partes del continente como Alemania, Austria, Suecia en incluso España se ha abierto el debate sobre un documento que no termina de contentar a muchos. Y no es de extrañar. La Constitución Europea es larguísima, 325 páginas, un auténtico mamotreto con el que sólo los juristas y los más osados se atreverán. Por otro lado, respira burocratismo por los cuatro costados y consagra sobre el papel patrañas típicamente progres como la economía social de mercado, el comercio justo o el desarrollo sostenible. Puro compromiso vacuo que tiene visos de quedarse en nada o, en el peor de los casos, de convertir a la Unión Europea en el trasunto de Francia y Alemania.
La integración europea ha sido uno de los más fecundos proyectos del último medio siglo. Nuestro continente ha disfrutado de una prosperidad y libertad envidiables que han ido de la mano de ese proceso en el que se han ido embarcando cada vez más naciones. Hasta la fecha no ha sido necesaria constitución alguna, por lo que nada hace pensar que el viejo continente precise de una, y menos aun de una llena de defectos, plagada de tics socialistas y que se transforme en un incordio continuo. A lo largo del próximo año se recrudecerá el debate sobre una controvertida Carta que, a la vista está, no nace del deseo de los ciudadanos europeos sino de la ambición y los enredos de sus políticos. La Unión ha puesto el documento a disposición de los ciudadanos en esta dirección, lo sensato es acercarse a ella y votar, llegado el momento, en consecuencia, aunque sea no.