Que el Estado tiene dos manos, una con la que da y otra con la que arrebata, es algo que ya apuntaron con bastante sentido común los liberales franceses del s. XIX. Prisa, sin embargo, parece que acaba de descubrirlo esta semana. Después de 20 años disfrutando de las rentas de monopolio que le sirvió en bandeja el Gobierno socialista de Felipe González, ahora otro Gobierno socialista, el de Zapatero, le quita una pequeña parte de su posición dominante invitando al banquete a Mediapro. Y claro, acostumbrados como están a vivir de los favores del poder, temen tener que competir con el nuevo grupo mediático privilegiado.

No es de extrañar que a lo largo de esta semana El País le haya dedicado tres editoriales de esos que antes servían para tumbar un Gobierno. De momento, sin embargo, Zapatero no ha caído y, a través de su ministro de Industria, parece regocijarse de la pérdida de influencia del que otrora fuera su ariete político para ganar elecciones y acosar oposiciones.

Decía ayer Sebastián que estaba orgulloso de haber puesto fin a una situación de monopolio que había durado 20 años (gracias a las normativas aprobadas por el propio Partido Socialista, le faltó añadir). No obstante, la diferencia del entonces con el ahora no ha sido una progresiva liberalización de los planteamientos económicos y civiles del PSOE, sino la necesidad de ir cambiando de apoyos en función de los intereses del partido. Por eso hemos pasado del monopolio de Prisa al duopolio diglósico de Mediapro y Prisa, donde los favores del régimen se han concentrado especialmente –aunque no de manera exclusiva– en el primero. Y por eso, tanto desde el Gobierno como desde los antiguos despachos del monopolio se muestran ahora entusiasmados con la palabra "competencia": el primero para justificar la reorientación de los favores del Ejecutivo, el segundo para exigir que la dirección de esos favores no cambie. Ambos, pues, piden competencia y terminar con los monopolios para dejar las cosas como están: arbitrariedad política y restricción artificial del espacio radioeléctrico en beneficio de ciertos grupos empresariales.

Porque en el fondo tanto Prisa como el Gobierno como Mediapro, tienen una concepción patrimonialista de la Administración y de la sociedad. Todos dicen creer que están luchando por el interés general cuando en realidad defienden e imponen sus intereses particulares al resto de los españoles; que son quienes, en definitiva, observan atónitos esta negociación a tres bandas para repartirse, una vez más, la oferta de medios de comunicación en España.

La competencia y la libertad informativa no se cifran, como ha hecho Sebastián, en los costes de contratar un partido de fútbol. Es cierto que la libertad de empresa tiende a reducir los precios de los bienes y servicios, pero esto es sólo la consecuencia de un proceso mucho más amplio en el que los distintos individuos pueden entrar y salir del mercado sin injerencias, intromisiones o favores del poder político. Mientras la emisión de televisiones siga dependiendo de una licencia estatal, este tipo de infames cambalaches de apoyo político incondicional a cambio de privilegios económicos seguirá siendo la moneda de cambio habitual. Prisa y Mediapro son sólo los nombres propios de un problema mucho más amplio que se halla presente en todas las sociedades donde la Administración mete mano en el espacio radioeléctrico, pero especialmente en aquellas de corte más populista como la española.

Veinte años de favores, tres torpedos en forma de editorial y escarnio público desde el Congreso. Es el diálogo que cabe esperar entre el poder y los grupos de presión que pretenden aprovecharse de él.