Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto, estaríamos ante un punto de no retorno en el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos principales fuerzas políticas.
El pacto PSOE-PP en el País Vasco pende de un hilo sólo un año después de haberse firmado. Un pacto que en su momento fue histórico por necesario, que ha servido para normalizar la vida política vasca después de 30 años de hegemonía nacionalista pero que, a pesar de todo ello, desde Ferraz ven endeble. Eso en lo que toca a los socialistas, principales beneficiarios de un acuerdo que abrió la puerta de la investidura a Patxi López y que ha permitido a su partido gobernar tranquilamente durante más de doce meses.
En la bancada popular las aguas también bajas revueltas. Los de Basagoiti no se creen que el PSOE haya renunciado del todo a reiniciar las negociaciones con la ETA. Lo que hace dos meses era una simple sospecha es hoy, a decir de los populares, un hecho corroborado por informes policiales en su poder que certifican contactos reales entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y miembros de la banda. Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto (y todo indica que así es), estaríamos efectivamente ante un punto de no retorno en el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos principales fuerzas políticas españolas.
Significaría que Zapatero ha engañado dos veces seguidas a Rajoy y que no se da por vencido en su empeño de negociar por la ETA, poniendo para ello de rodillas al Estado de derecho y a la dignidad de la Nación. En tierra de nadie quedaría la negativa del Gobierno a volver sobre la senda negociadora y, sobre todo, los 12 inocentes que la banda ha asesinado desde la ruptura unilateral de la tregua-trampa en la Navidad de 2006. En este tema se despacha mucho más de lo que, en su acartonada pose pacifista, Zapatero o Eguiguren se figuran.
No nos cansaremos de repetir que con el terror ni se puede ni se debe negociar. Es, en primera instancia, una perversión legal ya que el Estado no está al mismo nivel que una recua de asesinos. Es, por lo tanto, inmoral e ilegítimo que el Gobierno se embarque en una operación de este tipo. Además, ni siquiera tiene una utilidad de orden práctico ya que todos los intentos de "diálogo" con la ETA han terminado del mismo modo, refortaleciendo a la banda y humillando a la democracia.
Si el objetivo es acabar con el terrorismo, no existe otra vía que la aplicación estricta de la ley, empezando por los ayuntamientos donde se refugia parte del entramado etarra, pasando por la derogación de la autorización parlamentaria para negociar con ETA y terminando con la suspensión de todos los improcedentes beneficios penitenciarios a los etarras. No hay otro camino, y tanto el Gobierno como el PSOE deberían saberlo ya tras el sonrojante escarmiento de la última mesa de negociación que, a bombo y platillo, Zapatero abrió contra todo pronóstico poco después de llegar al poder.
