La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha confirmado hoy que el Gobierno va a derogar la reforma del Código Penal que fue aprobada hace menos de un año. Ya lo había anticipado Rodríguez Zapatero esta misma semana, aunque, desde el Gobierno, se habían cuidado muy mucho de tocar un tema que, por peliagudo y delicado, da de por sí para poner en guardia a todo el que le quede un mínimo de decencia política.
Es cierto que el PSOE, aun en la oposición, no quiso apoyar al entonces Gobierno popular en la promoción de la reforma en las cámaras legislativas, pero no lo es menos que gracias a esos tres artículos, el 506 bis, el 521 bis y el 576 bis, dos de las principales preocupaciones de los españoles –la banda terrorista ETA y el nacionalismo separatista– quedaban conjuradas en el Código y, a la vista está, en la calle. La imposibilidad legal de convocar referendos populares gracias a los artículos 506 y 521 dotaba al Ejecutivo de una poderosa arma para lidiar con los aventureros políticos que menudean por ciertas regiones. Si Ibarreche, o el mismo Maragall y su reforma del Estatuto autonómico, se hubiesen atrevido a agitar a través de un plebiscito hubieran tenido que pelearse con el Código Penal.
No es necesario ya. Zapatero les ha hecho el favor de retirar de la circulación ese artículo tan comprometido para los intereses últimos que, al menos Ibarreche, nunca ha ocultado y que pasan por la demolición de la Carta Magna, el documento fundacional de nuestra democracia y el único que nos ampara a todos. Si, por ejemplo, el lehendakari o el president deciden mañana, pasado o el mes que viene llamar a las urnas a los ciudadanos del País Vasco o Cataluña para dirimir el futuro de ambas regiones, ¿qué pasará?, ¿cuál será la derrota que siga el Gobierno una vez privado de un argumento tan contundente como el Código Penal?
El frenesí plebiscitario podría incluso extenderse. Todos y cada uno de los presidentes autonómicos se verían facultados para convocar "a su pueblo" porque Cataluña y el País Vasco, por mucho que se empeñen algunas de sus más preclaras lumbreras políticas, no son diferentes de cualquier otra región española. Los derechos de los catalanes y vascos emanan exclusivamente de su condición de ciudadanos españoles, y eso lo saben en Barcelona, lo saben en Vitoria y lo saben, o deberían saberlo, en el Palacio de la Moncloa.
La derogación de los artículos que hacían imposible la convocatoria de referendos ha venido acompañada de otra no menos dolorosa. La vicepresidenta ha anunciado que el artículo que estaba destinado a luchar contra el terrorismo también va a ser eliminado del Código. Si el primer recorte al Código Penal puede entenderse en clave política, especialmente si nos fijamos en las servidumbres de las que depende la frágil mayoría socialista, el segundo no tiene más lectura que una explosión controlada y a distancia del ya incómodo Pacto Antiterrorista. Zapatero dijo no hace mucho que estaba en disposición de hablar "con todos" de terrorismo. Y lo está haciendo, con todos menos con su leal aliado en el Pacto y en la lucha antiterrorista que, sin derramar una gota de sangre y sin salirse de la Ley, está obrando prodigios.
Con el artículo 576 bis erradicado pueden volver aquellas nefastas prácticas de financiación pública del entorno de los terroristas, es decir, de los terroristas mismos que no dudaban en devolver esos fondos a la sociedad en forma de bala, en forma de zulo, o en forma de titadine. Enrique López, portavoz del CGPJ, aseguró ayer a este diario que eliminar el 576 bis "resta eficacia a la Ley de Partidos", la deja, por decirlo de algún modo, amputada de un instrumento necesario para su correcta aplicación.
La iniciativa de Zapatero por lo tanto no sólo es absurda desde el punto de vista jurídico sino tremendamente obtusa desde el político porque, en un momento en que ETA y su corte de terror están dando sus últimas boqueadas, regala a los terroristas una botella de oxígeno innecesaria. Derogar esa utilísima reforma del Código Penal es, en palabras sencillas, facilitar la financiación de actividades terroristas y eso los ciudadanos lo deben saber.