A pesar de que el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía en 2003, sea un caso judicialmente cerrado desde hace más de 10 años, y por el que ya se abonaron en su día importantes indemnizaciones, resulta innegable que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha tenido un enorme acierto y demostrado una gran sensibilidad al reunirse con la asociación de los familiares de los 62 militares fallecidos y, sobre todo, al asumir en su totalidad un informe no vinculante, como es el emitido por el Consejo de Estado el pasado mes de octubre, en el que se señala que el departamento entonces dirigido por Federico Trillo pudo hacer más para evitar el accidente.
Así lo han reconocido los propios representantes de la asociación de víctimas, quienes han calificado como "oro moral" la reunión con la ministra y han elogiado su actitud y la de su equipo durante todo el encuentro, de más de hora y media. Cospedal les ha mostrado su total disposición a colaborar con ellas y buscar la documentación que reclaman.
La actitud de Cospedal está a la altura de lo que merecen las familiar de los militares caídos en la peor tragedia del Ejército en tiempos de paz, y en la que se cometieron indudables y graves errores, empezando por la contratación de aviones de transporte de pésima calidad o los referidos a la vergonzosa identificación de los cadáveres.
Quien no ha estado a la altura de las circunstancias ha sido el exministro de Defensa José Bono, que no ha dudado en hacer un uso repugnante de la tragedia. En una entrevista publicada este martes por el diario El País, el socialista amenaza con sacar a la luz una serie de documentos que, según cuenta, logró al llegar al Ministerio tras superar numerosas trabas administrativas e incluso físicas –confiesa que llegó a forzar un archivador– para dar con pruebas que le servirían para acusar a la administración de Trillo en Defensa de embolsarse unas importantes cantidades por la contratación del avión ucraniano siniestrado.
Las infames palabras de Bono bien podrían ser incluso constitutivas de delito; porque, una de dos: o bien son falsas, y el exministro no tiene documento alguno que pruebe la malversación de fondos públicos que denuncia, en cuyo caso habría incurrido en un delito de calumnias; o bien son ciertas, en cuyo caso estaríamos ante un delito continuado de encubrimiento.
Lo que resulta evidente es que Bono utiliza de forma obscena el dolor de los familiares de los militares fallecidos en Turquía para cargar contra sus adversarios políticos, actitud especialmente repulsiva en quien hizo una gestión nefasta del siniestro –en circunstancias aún no aclaradas– de un helicóptero Cougar en Afganistán en 2005, en el que murieron 17 soldados españoles.
Sea como fuere, esperemos que nuestros políticos traten a partir de ahora de estar a la altura de nuestras encomiables Fuerzas Armadas y les brinden el respeto y el presupuesto que merecen por su impagable labor al servicio de España.