Nada nos gustaría más que equivocarnos, pero parece que se va confirmando lo que ya se sospechó desde el mismo instante en que Zapatero compareció nueve horas después del asesinato de Diego Armando Estancio y Carlos Alonso Palate. La manifestación del día 13 servirá para que los favorables a hacer cesiones políticas como premio a este y todos los anteriores crímenes muestren en la calle su apoyo al Gobierno. Dos días después, Zapatero anunciará de nuevo que suspende las negociaciones pero que las reanudará cuando se den las condiciones, es decir, cuando vuelva a estimar que hay "voluntad inequívoca de abandono de la violencia" por parte de la ETA. La misma voluntad de la que rebosaban los terroristas el día antes de su último crimen. La misma voluntad que les llevó a rearmarse con toneladas de explosivos y 350 pistolas. La misma voluntad que los amenazados del PSOE, a la chita callando, estimaron tan exigua como para pedir de nuevo escolta. Entre medias, el abrumador poderío mediático progresista intentará convencernos de que el atentado, en efecto, no es más que un "trágico accidente moral". Y el parlamento aprobará un nuevo pacto apoyando a Zapatero, con el PP ejerciendo como única oposición. Ese parece ser el plan.
Así pues, será de nuevo necesario repetir una vez más lo que llevamos diciendo meses. Que el progreso consiste, entre otras cosas, en aprender de los errores pasados, como el de fiarse, aunque fuera poco, de la tregua-trampa del 98; Zapatero no "tenía derecho" a nada, su "proceso" era un error y teníamos experiencia más que suficiente como para saberlo de antemano. Que la vía policial es la única que puede acabar con ETA, como demuestra la extrema debilidad de la banda cuando se aplicó al máximo al abrigo de un pacto que prometía, hasta que Zapatero lo traicionó, que jamás se haría cesión alguna al terrorismo. Que negociar con terroristas implica darles legitimidad política y, por tanto, aunque no se llegue a acuerdo alguno, es un error y una inmoralidad. Que la opinión de las víctimas ha de ser respetada, pues el hecho de que sea el Estado quien persiga y juzgue significa que la víctima renuncia a tomarse la justicia por su mano, pero también que el Estado debe cumplir su promesa y castigar al delincuente. Las víctimas podrán hacer de tripas corazón por aquello del bien común, pero ha de ser una decisión voluntaria, que no se ha producido y, por lo tanto, hace ilegítimo cualquier decisión del Gobierno al respecto.
Y, especialmente, hay que desvelar la falsedad de que el PSOE no ha hecho concesiones a ETA. El sinfín de aduladores de Zapatero podrán aparentar toda la indignación que quieran cuando se recuerdan las cesiones, pero los números cantan. En el 2003, último año completo en que el PP gobernó, se detuvieron 152 etarras, el 26% en Francia, una cifra similar a la de años anteriores. En 2006, el año que acabó con dos nuevas víctimas de ETA, se detuvo a 31, el 55% en Francia. El cuerpo más eficaz últimamente en la lucha antiterrorista parece ser, irónicamente, la ertzaintza; la Guardia Civil ha pasado de hacer más de cien detenciones a limitarse a sólo dos este año. Además, algunas de las personas detenidas en España lo fueron en una operación contra el aparato de extorsión de ETA por iniciativa del juez Grande-Marlaska, que padeció no sólo las iras socialistas por su actuación sino también un chivatazo realizado desde la Comisaría General de Información dirigida por Telesforo Rubio, el comisario que redactó parte del programa electoral del PSOE y preparó su comparecencia ante la comisión del 11-M en la sede socialista de Gobelas.
Además de eso, el Gobierno ha permitido que los batasunos de las Tierras Vascas se presentaran a las elecciones. Ha hecho lo que han podido para que la Justicia fuera más benévola con los etarras, llegando incluso a destituir a Eduardo Fungairiño, uno de los más distinguidos en la lucha contra la ETA. Han alabado las ansias de paz de criminales como Otegi y De Juana Chaos. Ha "internacionalizado el conflicto", llevándolo al parlamento europeo. Ha reconocido que Batasuna, es decir, ETA, es un interlocutor político válido, llegando a reunirse públicamente con él. Sólo puede afirmar que el Gobierno no ha cedido nada aquel que otorga más peso a su sectarismo o a sus intereses que a la verdad.
Zapatero aseguraba hace ya tiempo, en una entrevista hecha de rodillas por Juan José Millás para el diario gubernamental, que él acabaría con ETA no por ser alguien especial sino porque "había llegado el tiempo" de hacerlo. Y, ciertamente, podría haberlo conseguido de haber continuado fielmente la política del pacto antiterrorista. Pero claro, hubiera tenido que compartir la gloria con el PP y eso era pedirle demasiado. Así pues, echó por tierra todo lo logrado. Ahora, desgraciadamente, no habrá tiempo en esta legislatura para acabar con la banda terrorista, aun cuando la agotara hasta el último día. Esperemos que no sea él quien esté al mando en la próxima. No lo merece. Y nuestras mejillas tampoco.
