La tendencia natural de cualquier poder es la de aumentar. Así, es natural que la Comisión Europea esté echando un pulso al Gobierno español, aunque sea a costa de una empresa privada. Su objetivo no es Telefónica, por más que haya decidido obligar a ésta a pagar 151,8 millones de euros. Dado que la operadora española actuó en todo momento obedeciendo la regulación impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, lo que está haciendo la UE es pasar por encima del regulador español. En definitiva, crecer, quedándose con una competencia que, por ahora, pertenece a los Estados miembro.
Ante esto, resulta un tema menor el evaluar si los precios de Telefónica dañaron a la competencia, pero los datos tampoco parecen darle la razón a Bruselas. Se le acusa de haber estrechado la diferencia entre el precio mayorista del ADSL, el que vendía a otras operadoras para que éstas lo revendieran a los consumidores, y el precio minorista que ofrecía a sus clientes. Es decir, según la Comisión Europea, el precio mayorista era demasiado alto y el minorista demasiado bajo. Las demás empresas de telecomunicaciones deberían haber pagado menos a Telefónica y los consumidores más.
Sin embargo, un análisis simple de incentivos nos dibuja exactamente la situación opuesta. Si Bruselas tuviera razón, no hubiera existido margen para competir en precio con Telefónica revendiendo el ADSL. Llevamos suficientes años de ofertas inferiores a las del antiguo monopolio público y hemos contemplado el nacimiento de multitud de empresas dedicadas casi exclusivamente a la reventa del servicio mayorista de Telefónica como para comprender que no ha sucedido así.
La Comisión Europea, por otro lado, ha cometido una grave irresponsabilidad al crearle a las empresas del ramo una gran inseguridad jurídica. Todo el sector europeo de las telecomunicaciones está regulado, ante las grandes barreras de entrada que suponen las inversiones en infraestructuras necesarias para competir y la pesada herencia que los distintos monopolios nacionales. Lo que ha dictaminado Bruselas es que aún cumpliendo con la regulación nacional las empresas de telefonía pueden ser sancionadas, pese a que si no lo hicieran serían también multadas dentro de los países donde operan. En definitiva, las deja al arbitrio de lo que decidan funcionarios que, al contrario que los directivos de esas empresas, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y a eso lo define como una argumentación jurídicamente sólida.
En todo caso, lo más grave, excepto para los accionistas de Telefónica, no es la multa sino lo que se pretende con ella. La actitud normal, casi natural, de cualquier Gobierno hubiera sido defender sus competencias. Sin embargo, ni Zapatero ni Clos han movido un dedo para apoyar a la CMT ante esta invasión de la Comisión Europea. El que el sector esté liberalizado significa que cualquier empresa de cualquier país de la Unión tiene la libertad, si así lo decide, de entrar en el mercado de cualquier otra nación. Pero no otorga a Bruselas potestad alguna sobre la regulación interna.
Está claro que César Alierta no debe estar en la lista de directivos a favorecer por parte del Gobierno. Será que no quiso participar en la OPA a Endesa. Si a los Entrecanales les ha preparado una legislación sobre energías renovables que les asegura pingües beneficios, a Gas Natural la defendió con uñas y dientes en Europa, incluyendo una cena con Durao Barroso para impedir que las autoridades de la competencia de la UE asumieran el caso, no se sabe bien aún a cambio de qué. Ahora, en cambio, no mueven un dedo. Es difícil no pensar mal.
