Como viene siendo habitual, ETA ha utilizado también esta campaña electoral para recordarnos que tanto su estrategia, la conversión del País Vasco en una dictadura marxista, como su táctica, el asesinato y la intimidación, siguen vigentes, y que además posee la capacidad para seguir sembrando el miedo en la sociedad. El objetivo elegido en esta ocasión ha sido la policía autónoma vasca, y la forma un artefacto explosivo preparado para estallar al ser manipulado por los agentes. La ausencia de víctimas mortales no resta importancia a este nuevo acto criminal, que demuestra la determinación de los terroristas de no cejar en su empeño.
Sin embargo, por primera vez en la historia de nuestra democracia, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección no sólo ha preferido obviar una referencia directa al nuevo atentado, sino que ha tendido la mano a los terroristas.
Tan sólo 24 horas después de que la vicepresidenta del Gobierno negase la posibilidad de abrir un nuevo proceso de negociación política con ETA, Rodríguez Zapatero afirmaba en un mitin en Valencia que no pediría disculpas "por haber buscado la paz y el final de la violencia". Es decir, vuelve a colocar a una banda de criminales al mismo nivel que un Estado democrático de Derecho, y convierte la agresión contra el pueblo de los terroristas y de quienes los apoyan en un conflicto entre iguales. Los españoles no están en guerra contra nadie. Simplemente llevan cuatro décadas siendo amenazados y golpeados por un grupo de malhechores que practica una especie peculiar de violencia cuyo objetivo es la coerción de gobiernos y sociedades enteras en aras de la consecución de un fin político, que en el caso de ETA no sería otro que el establecimiento de un régimen de terror en las provincias vascas.
Hablar de paz y de violencia, en vez de referirse a los atentados y crímenes contra la vida y propiedad de las personas que llevan a cabo los miembros de ETA, equivale a reconocer la legitimidad tanto de los fines como de los medios de los terroristas, y por tanto a abrir la puerta a la negociación y al pacto para la resolución del problema. En cierta forma, Zapatero culpabiliza a la sociedad entera de la existencia del terrorismo, como si este fenómeno fuera una especie de asignatura pendiente de la democracia y como si todos fuéramos responsables de él.
La aceptación del lenguaje de ETA y el planteamiento de la cuestión terrorista en los términos usados por los mal llamados violentos –son mucho más que eso– constituye una nueva claudicación del Gobierno y una deslealtad al pacto sobre el que se asientan los estados democráticos, la seguridad de los ciudadanos y el castigo para los que atenten contra la vida, la propiedad y la libertad de los demás. De nada sirve que el Estado se esfuerce en proporcionar otro tipo de servicios cuando es incapaz o carece de la voluntad para siquiera intentar cumplir el fin que lo vio nacer.
A pocos días de las elecciones generales, conviene echar la vista atrás y constatar que ni una de las protestas y manifestaciones organizadas por las víctimas del terrorismo y otras organizaciones en contra de la política del Gobierno estuvo de más. Por desgracia, con sus palabras de ayer, Rodríguez Zapatero volvió a hacer oídos sordos al clamor popular, renovó su compromiso político con ETA y rompió con la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles. El nueve de marzo los españoles también tendrán la oportunidad de romper, pero con él.
