No deja de transmitir una imagen de decadencia y final de ciclo político que las discusiones sobre el futuro de nuestra economía pasen por preguntarse si llegaremos o no a los cinco millones de parados durante este año en lugar de aspirar a reconducir esa cifra a los tres millones. Nada de crear empleo, la aspiración consiste en contener la caída libre de España, en minimizar los destrozos.

Poca esperanza, por consiguiente, pueden tener con este Gobierno los cuatro millones de personas que están hoy sin empleo en nuestro país. El PSOE los considera costes irrecuperables, un punto de partida para un futuro que sin duda será peor que el deprimente presente. Lo único que hasta el momento les ha prometido el Ejecutivo a los parados es que su "sensibilidad social" no permitirá que se queden sin subsidio de paro; promesa que al menos ya ha incumplido para un millón y medio de españoles.

Por mucho que se empeñe el PSOE, no todos pueden vivir de las arcas públicas durante todo el tiempo; es decir, no todos los desempleados pueden dejar de producir riqueza y pasar a arrebatársela a los pocos que sí lo siguen haciendo. Este camino sólo nos conduce a la bancarrota nacional y a que quien aún tenga un empleo, lo pierda. Una economía donde una mitad de la población parasita a la otra mitad no es sostenible.

Ahora bien, los parados españoles, a diferencia de los parásitos, no adoptan esa estrategia de supervivencia por placer, sino porque la inoperancia del Gobierno les condena al desempleo. Como suele decirse, ganas de trabajar no faltan, lo que escasea es el trabajo. Y si lo hace, en buena medida, es porque el PSOE se niega a emprender las reformas que la economía española requiere en estos momentos.

La única manera de enfrentarse a las crisis es facilitando que las economías se recompongan y se reestructuren. No hay otra vía. Durante años España vivió una burbuja inmobiliaria impulsada por el crédito artificialmente barato del Banco Central Europeo y esto permitió que sobre el papel todos los indicadores económicos (incluido el empleo) parecieran espectaculares. En realidad, sólo estábamos hipotecando nuestro futuro, ya que cada vez nuestra economía se volvía menos competitiva y más dependiente de un crédito barata que no podía perdurar.

Ahora, cuando ya se ha cortado el crédito, se revelan las pésimas inversiones que se realizaron por doquier: cientos de miles de pisos sin vender y empresas que se habían convertido en meros proveedores de unos pisos que nunca se iban a habitar. El reajuste, por consiguiente, es imprescindible y no pasa por criminalizar y perseguir a las empresas con mayores impuestos y más regulaciones. Durante las recesiones una parte de las compañías está al borde de la quiebra y la otra comenzando a florecer: no conviene ni rematar al moribundo ni asfixiar al naciente.

Por eso mismo, es el momento de liberalizar todos los mercados y, particularmente, el laboral, buscando la manera de eliminar los costes artificialmente impuestos por el Estado. No se trata tanto, como sostiene demagógicamente Salgado, de abaratar el despido (que también) sino sobre todo de abaratar la contratación. Y para esto último hay que reducir tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como las indemnizaciones por despido (y es que los nuevos empresarios se enfrentan al riesgo de tener que despedir a parte de su plantilla si su proyecto fracasa).

Claro que con unas pensiones tambaleante, debido a que durante años no se emprendió la muy necesaria transición hacia un sistema de capitalización, difícilmente tiene margen el Ejecutivo para minorar significativamente las cotizaciones a la Seguridad Social. Tampoco parece que después de haber vivido montado sobre la pancarta de la izquierda radical y del sindicalismo obtuso durante su etapa de líder de la oposición, Zapatero tenga ni legitimidad ni, sobre todo, apoyos parlamentarios para recortar hoy, tal y como erróneamente los denomina, los "derechos de los trabajadores".

El PSOE tiene las manos atadas porque es cautivo de una ideología ruinosa y sectaria. Son incapaces de identificar y de reconocer sus fallos –en esencia porque se niegan a mirar a la realidad con objetividad sin filtrarla con sus prejuicios– y de este modo se convierten en el mayor lastre para la economía española. Su incompetencia puede observarse en el fiasco de sus predicciones y su fanatismo en la negativa a admitir que se han equivocado, aún cuando resulta evidente para todo el mundo.

Llegados a este punto, o renunciamos (de momento) a cuatro millones de trabajadores o renunciamos al Gobierno. No parece que haya alternativa: ni el PSOE está dispuesto a dar marcha atrás ni comenzará a crearse empleo hasta que el PSOE recule. Y, obviamente, ningún sillón ministerial o coche oficial vale tanto como para condenar a casi el 20% de los trabajadores al paro.

Este Ejecutivo, que durante su primera legislatura basó sus éxitos económicos en el hichazón inmobiliario, ha tenido ya un año entero para cambiar de posición y enfrentarse con inteligencia a la crisis. No lo ha hecho; las pocas políticas económicas que ha acometido sólo han hecho que agravar la situación. Es hora de que se larguen y de que comiencen a aprobarse las reformas que reclama a gritos la economía española. Si al PSOE de verdad le importan los trabajadores, debería apartar su cerril mentalidad de la economía. En caso contrario, la destrucción de empleo no habrá hecho más que empezar en este primer trimestre de 2009.