Una buena noticia: "El Congreso, sin el PP, prohíbe la amputación de la cola de los perros. España ratifica el convenio europeo para proteger a las mascotas" (LV, 17/3). Siempre he amado a los animales y aborrezco, por consiguiente, los espectáculos sanguinarios con toros, perros, cabras, gallos o patos, sin que ello reduzca mis apetitos carnívoros. Pero últimamente observo que la inveterada costumbre que tienen los humanos de imponer coactivamente sus preferencias opinables lleva a dictar leyes de dudosa base ética o científica. La palabra de moda que se aplica indiscriminadamente es la arriba citada: prohibir. Prohibir los zoológicos; prohibir la utilización de animales en los circos. Prohibir los delfinarios aunque existen pruebas de que los delfines reciben con muestras de placer la aparición de sus adiestradores. Más material para la controversia; un recuadro informa al pie de la noticia:
En Argentina y Brasil, los jueces han abierto incluso las puertas a que los grandes simios sean considerados personas no humanas.
¿Y las personas humanas que sufren? Mal, gracias. Desamparadas.
La gran paradoja
El argumento capital de quienes se oponen a la aprobación de la ley de eutanasia y suicidio asistido consiste en que el derecho de los pacientes a ahorrarse sufrimientos está garantizado por los cuidados paliativos. Falso. Leo ("Sedación por ley", LV, 1/3):
El 60 por ciento de los españoles que necesitan atención paliativa no la reciben y unos 50.000 ciudadanos afrontan cada año la etapa final de su vida con sufrimientos que serían evitables. La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) pusieron ayer sobre la mesa estos datos para solicitar, para exigir, que la futura ley sobre el final de la vida, cuyo debate se ha abierto en el Congreso, incluya el derecho a la sedación. Y lo haga sin demora. (…) El doctor Marcos Gómez Sancho recordó que se ocupa el puesto número 14 en la Unión Europea, con una gran falta de servicios, con una cobertura media de solo el 40%, y de las cifras anteriormente referidas se debe subrayar que unas 20.000 personas mueren cada año con un sufrimiento muy intenso.
Y aquí es donde aflora la gran paradoja: el partido que defiende la aprobación de la ley de eutanasia y suicidio asistido es el más afín a la ideología asesina del leninismo arcaico y a sus actualizaciones despóticas, en tanto que los que le ponen trabas son los que deberían mostrarse fieles a los principios humanistas del liberalismo ilustrado que pretenden encarnar. Vaya despropósito. Los admiradores de regímenes que se especializaban, y especializan, en prolongar la vida bajo tortura y en gulags para aumentar los padecimientos de sus víctimas no actúan ahora movidos por el respeto a la vida y la muerte dignas, que les importan un rábano, sino por el postureo demagógico contra la Iglesia católica. En tanto, liberales y socialdemócratas ponen los prejuicios confesionales por delante de las necesidades apremiantes de los ciudadanos que los votamos y se conforman con debatir, a regañadientes, un proyecto de ley descafeinado. Sin derogar –¡cuidado!– el artículo 143 del Código Penal que castiga la eutanasia.
El derecho a morir dignamente
Durante los dieciocho años que colaboré en la sección de Opinión de La Vanguardia escribí, si mi archivo no me engaña, cinco artículos en los que argumentaba a favor de la ley de eutanasia. Y con el carné 108 soy uno de los socios más antiguos de DMD (Derecho a Morir Dignamente), cuyo testamento vital firmamos mi esposa y yo ante notario en el año 2005. Sin embargo, tengo conciencia de que mientras el Código Penal siga castigando la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido, perdurará una restricción a mis derechos individuales. La misma que pesó durante tres décadas sobre Ramón Sampedro, el exmarino tetrapléjico que recurrió reiterada –e inútilmente– a la justicia suplicando que le concediera el derecho de morir.
Once personas colaboraron para que Sampedro tuviera acceso a la dosis mortal de cianuro que sorbió por una pajita y nadie fue sancionado, por falta de pruebas (El País, 1/2/1998). Pero el mayor vacío del testamento vital consiste en que solo contempla los casos de enfermos terminales y deja en el limbo a quienes están condenados al tormento perpetuo de la parálisis u otros tipos de incapacidad, o a la decadencia física o psíquica, y desean librarse de ella. Según el CIS (LV, 18/1/2016) el 73,6 por ciento de los españoles es partidario de eliminar este limbo y afrontar la realidad.
Resquicio para la compasión
La prueba de que no hay respuestas simplistas a este problema la encontramos en el hecho de que incluso la Iglesia católica, enemiga acérrima de la eutanasia, da algunos testimonios de tolerancia. Nada menos que el papa Pío XII se pronunció contra el encarnizamiento terapéutico cuando respondió, el 24 de febrero de 1957, a un cuestionario que le envió el IX Congreso Nacional de la Sección Italiana de Anestesiología. Sin dejar de hacer la apología del martirio y el sufrimiento de la carne, dejó un resquicio para la compasión:
Nos preguntabais: "La supresión del dolor y del conocimiento por medio de narcóticos (cuando lo reclama una indicación médica), ¿está permitida por la religión y la moral al médico y al paciente (aun al acercarse la muerte y previendo que el empleo de narcóticos acortará la vida)?". Se ha de responder: "Si no hay otros medios y si, dadas las circunstancias, ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales, sí".
La clave está, pues, en la sedación. Lo recoge en un artículo Ana Macpherson ("No se ahoga usted lo suficiente. El derecho a decidir sobre la propia muerte sigue pendiente a pesar del acuerdo masivo de la población", LV, 18/1/2016):
La distancia legal entre la existente Ley de Autonomía del Paciente y el amparo de la eutanasia parece pequeña. Bastaría, a juicio de expertos como la profesora de Derecho Penal Carmen Tomás-Valiente, con despenalizar la sedación, haya o no haya un tratamiento que rechazar, bastando la decisión del afectado.
Viajar a Zurich
Hoy, los jóvenes se enteran con sorpresa de que hasta ayer nomás las españolas debían viajar a Londres para abortar en un quirófano legal. Algún día se asombrarán de que haya existido una época en que los españoles debían viajar a Zurich para que los ayudaran a morir en Dignitas, la única institución que, a diferencia de las muchas similares repartidas por el mundo, atiende a extranjeros. Mientras tanto, se siguen repitiendo las tragedias asociadas a los intentos de suicidio fallidos por la falta de asistencia médica. Algo similar a lo que ocurría en los abortos clandestinos.
Obviamente, el derecho a la eutanasia y el aborto en la sociedad abierta está en las antípodas de la obligación de practicar el primero, como en la Alemania nazi de la atrabiliaria pureza racial, o el segundo, como en la China comunista del hijo único. Aquí deberá ser la voluntad documentada del paciente –no la de las instituciones interesadas en ahorrar gastos o la de herederos codiciosos– la que gobierne la aplicación o no del derecho a la eutanasia y el suicidio asistido.
No es mucho pedir
Holanda es nuevamente la pionera en esta cuestión. Y no por obra de demagogos neocomunistas sino de una coalición de liberales y socialdemócratas ("Holanda plantea ampliar la eutanasia a los ancianos con cansancio vital", LV, 14/10/2016):
Los Países Bajos se plantean ahora llevar la ley del 2002 aun más lejos y permitir que también las personas que "hayan completado su vida" tengan acceso al suicidio asistido. La idea del Gobierno es que "las personas mayores" con un fuerte deseo de morir, aunque no padezcan un sufrimiento físico ni psicológico insoportable, puedan recibir ayuda profesional para hacerlo de forma digna. Lo han planteado los ministros de Sanidad y de Justicia, Edith Shippers y Ard van der Stear, en una carta al Parlamento holandés. "Nos referimos a personas mayores que ya no tienen ganas de seguir adelante con sus vidas, que tienen dificultades para aceptar el final de su autonomía personal o la movilidad reducida, o se sienten solas por la pérdida de seres queridos".
Cuenta Sergi Pàmies ("¿Hay un interruptor?", LV, 3/8) que su madre, la escritora Teresa Pàmies, decía, con el sentido del humor que conservaba para asumir su progresiva invalidez: "Tendría que existir un interruptor". Eso.
Volviendo al comienzo, no es mucho pedir que los legisladores liberales y socialdemócratas garanticen y protejan los derechos de las personas humanas –en este caso el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido– con la misma convicción con que garantizan y protegen los de aquellos que algunos juristas definen como personas no humanas.