Podría ser el título de un docudrama policíaco del género negro. Con un poco de imaginación, el ex juez Baltasar Garzón ya ha empezado a hilvanar un argumento cargado de emoción y suspense basado en sus experiencias, aunque ello lo obliga a restar tiempo a su colaboración en la ofensiva de la emperatriz viuda Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial independiente de Argentina, por un lado, y a las tareas que le encomendó el verdugo de la prensa ecuatoriana, Rafael Correa, como defensor del fuori legge Julian Assange, por otro. El incriminado sería nada menos que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el cuerpo del delito sería la cuota de afiliado que pagaba al Partido Popular según consta en esa fuente de información con-trastada que es el archivo del innombrable depredador. Y de la investigación debería ocuparse, fantasea Garzón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (LV, 23/7).
Vicio de origen
Llegados a este capítulo, se produce un desconcertante salto al pasado que puede alterar todas las reglas del juego, hasta el punto de dejar a la sociedad en un estado de indigencia jurídica: aparecen siete sospechosos. O mejor dicho siete convictos de estar afiliados a partidos políticos. Eran nada menos que los siete miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados que integraban la ponencia encargada de redactar la Constitución. Siete legisladores cuya militancia activa se convertiría, desde el punto de vista del ex juez y del coro sobrevenido de secesionistas, en un vicio de origen que invalidaría toda la legislación posterior. Lo cual despojaría también a los actuales impugnadores de todo sustento legal. Resume Charles Powell en España en democracia, 1975-2000 (Plaza Janés, 2001):
A la hora de nombrar la ponencia, el gobierno se inclinó inicialmente por incluir tan sólo a representantes de UCD y del PSOE, excluyendo a las demás fuerzas políticas. Por su parte, los socialistas insistieron en incorporar a los partidos menores, a condición de que ello no conllevara la presencia de Tierno Galván. De este forcejeo parlamentario surgió una ponencia de siete miembros, compuesta por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, de UCD; Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Manuel Fraga, de AP; Jordi Solé Tura, del PSUC-PCE; y Miquel Roca en representación de los nacionalistas vascos y catalanes, aunque los primeros no tardaron en manifestarse excluidos de la misma.
Dos de los ponentes –Manuel Fraga y Gabriel Cisneros– habían ocupado cargos relevantes durante el régimen franquista.
Aquellos eran tiempos preñados de tensiones, conspiraciones y miedos, pero entre quienes tenían la responsabilidad de encarrilar la sociedad por los cauces democráticos predominaban la racionalidad y el sentido común. Los políticos se concertaban para afianzar la paz, la concordia y la cicatrización de viejas heridas sin dejar de ostentar, con orgullo, sus carnets de afiliación partidaria. Y así redactaron la Constitución cuyo cumplimiento garantiza hoy el Tribunal Constitucional.
Soflama sectaria
En el polo opuesto de aquel imperio de la racionalidad y el sentido común se sitúan quienes esgrimen argumentos falaces para cargarse, simultáneamente, la Constitución y el Tribunal que la ampara. Jordi Barbeta arremete desde el somatén mediático contra todo lo que desafina con la partitura del Palau secesionista (LV, 21/7):
El problema no es que uno sea del PP, la realidad es que lo son todos. Todos son del PP, o del PSOE, que para el caso catalán da exactamente lo mismo. Si todos los medios saludaron la renovación del tribunal para "hacer frente al desafío soberanista catalán". (…) La militancia política del presidente del TC es un nuevo argumento de la tesis según la cual la democracia española está pensada y organizada para impedir la democracia en Catalunya.
La fobia exhibida en estas líneas no es más que una metástasis del odio fratricida que impregna la campaña secesionista propalada por todos los medios de comunicación oficiales y subvencionados, cuyo clímax será el simposio de tergiversación histórica "España contra Catalunya" que patrocina el Departamento de Presidencia de la Generalitat. Pero la soflama sectaria de Barbeta no se tiene en pie cuando se la contrasta con la realidad. El catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, lo explicó con claridad meridiana (LV, 20/7):
La ignorancia del derecho es, desgraciadamente, una de las características de quienes escriben en los medios de comunicación: se informa y opina sin tener conocimiento de derecho. Este ha sido el caso de la acusación al actual presidente del Tribunal Constitucional de no cumplir los requisitos para ejercer el cargo. No hay ninguna razón constitucional o legal para sostener que estar afiliado a un partido inhabilita para ser miembro del Tribunal Constitucional. Al contrario, la Constitución (art. 159.4) y la ley del TC (art. 19.1) establecen que ello es legítimo. Algunos medios de información han confundido el TC con el Poder Judicial, debido a ignorancia o mala fe, y no han rectificado.
Y si en lugar de buscar antecedentes en enclaves bárbaros como Kosovo, modelo para secesionistas, los buscamos en países civilizados como Alemania, descubrimos, gracias a la información que brinda el jurista Francisco Sosa Wagner (El Mundo, 24/7) que allí, entre los años 1950 y 2000, el 28,5 % de los miembros de Tribunal Constitucional fueron militantes con carnet de la democracia cristiana, 34,2 % lo fueron de la socialdemocracia y 3,4 % de los liberales.
Es sintomático, además, que quienes ponen el grito en el cielo porque el presidente del Tribunal Constitucional paga, o ha pagado, las cuotas de afiliado al Partido Popular, sean los mismos que montan un simulacro de Estado endogámico: hostil a la Constitución y las leyes del Estado legítimo; blindado contra el Poder Judicial cuando este cumple, por ejemplo, con su deber de garantizar la enseñanza bilingüe; y sometido a un régimen de propaganda y movilización copiado de modelos totalitarios. El Consell Assessor per a la Transició Nacional congrega a un equipo cuyo objetivo consiste ni más ni menos que en entregar el monopolio del poder a los representantes de lo que Francesc-Marc Álvaro definió como "la minoría más activa y organizada (…) uno de cada tres catalanes" (LV, 6/5). Ahí todos tienen el carnet virtual del secesionismo y se ciñen fielmente a su disciplina.
Comportamientos aberrantes
Cuando los secesionistas tratan de describir los presuntos comportamientos aberrantes de sus adversarios, muchas veces terminan retratándose a sí mismos. Expliqué en "De te fabula narratur" que la conducta del totalitarismo kirchnerista que Pilar Rahola denigró con razón en varios artículos es clónica de la del secesionismo en el que ella milita. Xavier Antich también arrojó piedras contra su propio tejado cuando atribuyó a los dos grandes partidos nacionales el monopolio de la mentira. El texto (LV, 22/7) parecía una disección implacable de las insidias congénitas del discurso secesionista, a pesar de que dicho discurso es el que Xavier Antich recita sin el menor recato:
Manipular las palabras para que dejen de decir aquello que revelan y convertir el lenguaje en una red trenzada de eufemismos que no sólo esconden la realidad de las cosas sino que las tergiversan hasta hacerlas irreconocibles es todavía peor que mentir. Porque, si ya no hay acuerdo sobre lo que las palabras dicen, cualquier acuerdo sobre cualquier cosa se convierte, lógicamente, en imposible. Pudrir las palabras hasta el extremo de que todo valga y que, de cualquier cosa, se pueda decir arbitrariamente lo que no es, destroza, y eso es muy grave, la credibilidad en el propio lenguaje y en los fundamentos de la comunicación, que son la base de la relación social.
Nuevamente, de te fabula narratur: Xavier Antich denuncia, involuntariamente, las manipulaciones de sus cofrades y deja al descubierto sus tácticas torticeras. Los panfletistas tienen que estar cegados por el fanatismo para no darse cuenta de que describen sus propios vicios cuando los atribuyen a los demás.
Levanta el ánimo, en cambio, leer a Valentí Puig, que no se anda con rodeos y desmonta el tinglado con una escueta reflexión (El País, 1/7):
El constitucionalista Luigi Ferrajoli habla de la responsabilidad de Berlusconi en la caída del valor de la Constitución en el sentido común. Algo así ocurre con Artur Mas, artífice de un debilitamiento constitucional en Catalunya a cambio de un Estado sin valor jurídico y reubicado en el extrarradio de la Unión Europea.
Los siete ponentes que redactaron la Constitución con el carnet de afiliación a sus respectivos partidos en el bolsillo ya se han ganado sendos puestos de honor en la historia de España, aunque para Garzón y los secesionistas habrían sido sospechosos por su militancia. El carnet del presidente del Tribunal Constitucional tampoco será un obstáculo para que en el futuro le recuerden con el mismo respeto si cumple con la función para la que ha sido elegido. Función que, obviamente, le hará chocar con los demagogos imitadores de Beppe Grillo y con los transgresores de la Constitución más afines a Berlusconi y Umberto Bossi que a un demócrata con carnet de partido.