El Gobierno de España ha dado a conocer un anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, según reza la denominación oficial. Este anteproyecto deberá someterse a un largo trámite de valoraciones científicas, jurídicas y éticas previas a los debates parlamentarios en los que se resolverá su aprobación o rechazo. El tema provoca una fractura -¡otra más!- en la sociedad española, sobrecargada de crispaciones. Ya manifesté mi posición favorable a la ley de plazos que rige desde el 2010 en los artículos "Sostiene Popper" y "Agravios retroactivos", en los que procuré abordar esta controversia con la mayor racionalidad posible y esforzándome por entender, como aconsejaba Karl Popper, los argumentos de quienes sustentan opiniones contrarias a las mías. Evitaba acudir, asimismo, a la retórica beligerante de las feministas radicales que encuentran en esta polémica un buen pretexto para justificar una guerra entre hombres y mujeres.
Hecho parcialmente consumado
Ahora, frente a un hecho parcialmente -y subrayo el "parcialmente"- consumado, intentaré apartarme de los elementos teóricos y de los ejercicios dialécticos para devolver el debate al terreno de los hechos concretos. Me mueve a ello la circunstancia de ser uno de los millones de ciudadanos independientes que votan al Partido Popular sin renunciar a su pensamiento autónomo y a veces discrepante, como en este caso. La fidelidad de mi voto es producto del temor a que otros partidos -excepto los minoritarios UPyD, Ciudadans y las hebras de un deshilachado PSOE- completen la balcanización de España.
Es en los hechos concretos donde observo una contradicción manifiesta entre el anteproyecto de marras y la realidad del mundo en que vivimos. Eufemismos al margen, los críticos más severos de la ley de aborto de 1985 y de su versión reformada del 2010 sostienen que ambas autorizan el asesinato de seres humanos inocentes. Si no pensaran así quienes las impugnan, toda esta discusión no tendría sentido. Y si no pensaran así los autores del anteproyecto, no habrían asumido la responsabilidad de introducir con él otra profunda grieta en la sociedad española y entre sus propios votantes.
Sin embargo, la realidad del mundo en que vivimos obliga a los autores del anteproyecto a contradecirse con su propio pasado. Y con su presente. Si el aborto fuera en verdad el asesinato de seres humanos inocentes, nuestros gobernantes de signo conservador pragmático, Aznar primero, y Rajoy ahora, habrían denunciado y seguirían denunciando tamaña atrocidad en los foros internacionales, poniendo en la picota, sin contemplaciones ni complejos, a todos los países donde el aborto es legal: Estados Unidos, donde lo es desde 1973, Francia (1975), Alemania (1976), Italia (1978) y los restantes países de la Europa civilizada, con las significativas excepciones de Malta e Irlanda. Con el añadido de que esas leyes se aprobaron, y se siguen aplicando, bajo el mandato de gobernantes conservadores, socialdemócratas, democristianos, liberales, creyentes, agnósticos, virtuosos, libertinos, célibes, monógamos, bígamos, heterosexuales, homosexuales, neutros y así hasta el infinito.
La ley de plazos no es patrimonio exclusivo de la izquierda, como insinuó Alicia Sánchez Camacho para poder definir a su antojo la posición ideológica de Ciutadans, que defiende dicha ley (LV, 24/12). ¡Faltaría más! Es posible que este ardid le reste votos independientes al PP, en lugar de sumarlos, y que perjudique, por añadidura, el entendimiento entre los partidos que se oponen al desguace de España. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no es de izquierda y aprueba la ley de plazos. La ley de plazos es patrimonio de las sociedades abiertas que están en las antípodas del totalitarismo de izquierda y de derecha, dos sistemas de gobierno despóticos que no se privan, según sus conveniencias cambiantes, de hacer obligatorio el aborto o de prohibirlo. Otra cosa muy distinta son la izquierda y la derecha que se guían por el pensamiento liberal, humanista e ilustrado de John Stuart Mill, Karl Popper, Bertrand Russell, Albert Camus, Hannah Arendt o Isaiah Berlin. Y de Mario Vargas Llosa. La reacción de los populares frente al anteproyecto no será monolítica porque el PP no es totalitario.
Los auténticos criminales
La contradicción en que incurren los autores del anteproyecto es más evidente cuando se piensa que la hipotética matanza habría empezado en España en 1985 bajo un Gobierno socialista y habría continuado impunemente bajo dos Gobiernos del Partido Popular. Con Alberto Ruiz Gallardón contemplándola, impasible, desde el atalaya de la alcaldía de Madrid. Para confundir aun más el panorama, si se tratara en verdad de una matanza, esta continuará mientras se tramita el anteproyecto de pomposo título sin que los tardíos justicieros se arriesguen a detenerla. Y seguirá después de aprobado, convertida, eso sí, en una carrera de obstáculos como consecuencia de las nuevas restricciones que no afectan al fondo de la cuestión. Lo cual explica que tampoco los antiabortistas estén satisfechos con este apaño, tan burdo como la doble pregunta de los secesionistas catalanes. Las que harán su agosto serán las clínicas de los países vecinos donde rigen leyes acordes con la realidad de las sociedades laicas y abiertas, en tanto que aquí se multiplicarán las infectas salas de abortos clandestinos que prosperan en sociedades teocráticas y cerradas como las de los países islámicos. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan exhibió precisamente una de las señas de identidad del involucionismo antikemalista al calificar el aborto de asesinato (LV, 9/6/2012).
Sencillamente, no existe tal matanza de seres humanos inocentes. Es razonable legislar en España, como en el resto del mundo occidental civilizado, sobre la base de que durante las catorce primeras semanas de embarazo sólo existe un conglomerado de células que evolucionará para formar un ser humano, pero que carece de viabilidad fuera del vientre materno. Tampoco existe un ser humano desde el momento mismo de la concepción, como sostienen algunos polemistas que critican la píldora del día siguiente, pues la mayoría de los óvulos fecundados, los zigotos y los blastocistos ya concebidos, se desprenden espontáneamente de la pared del útero pocos días o incluso semanas después de implantarse, lo cual sólo se interpreta como un atraso de la menstruación (ver La verdad sobre el aborto. ¿Cuándo empieza la vida humana?, de Harold J. Morowitz y James S. Trefil, Alcor, Barcelona, 1993): a nadie se le ocurre atribuir la condición de ser humano muerto a la mancha de sangre y tejidos que deja en la compresa esa regla atrasada. ¿La Protección de la Vida del Concebido que menciona el anteproyecto de ley se aplicará a esas compresas?
Si la realidad del mundo civilizado al que pertenece España nos indica que hay consenso entre las sociedades similares a la nuestra respecto a los derechos de la mujer fértil, del embrión, del feto viable y del niño, será aconsejable que nuestros gobernantes no generen problemas donde no existen y pongan todo su empeño en resolver los que sí existen, que son muchos y graves: económicos, sociales, políticos, culturales, de convivencia, de cohesión nacional, de seguridad y de orden público. No es razonable ni humano atribuir delitos a los médicos que practican abortos dentro del plazo fijado, o a las mujeres que los necesitan y los solicitan. Los auténticos criminales que nos amenazan son los terroristas impenitentes, los asesinos incorregibles y los violadores compulsivos que están saliendo en tropel de las cárceles tras la derogación de la Doctrina Parot. Es sobre ellos que debe caer nuevamente todo el peso de la ley. Y el resto de los ciudadanos sólo pedimos que nos dejen vivir en paz y libertad, como viven los ciudadanos de nuestros vecinos europeos y de nuestros aliados y protectores estadounidenses.