El anuncio de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, de un nuevo Plan Integral contra la Piratería, en fiel cumplimiento del acuerdo de su partido con la SGAE (un buen análisis al respecto aquí), trae consigo interesantes regalos envenenados, como la de los policías cibernéticos, que a buen seguro dará mucho de que hablar en las próximas semanas.
Porque claro, si lo que la ministra pretende es perseguir a aquellas páginas que incumplan la ley poniendo a disposición de los internautas música pirateada, eso es una cosa. Si pretende perseguir a aquellas páginas que ponen a disposición de los internautas hipervínculos a ficheros protegidos descargables a través de las redes P2P es otra cosa diferente. Y, finalmente, si lo que la ministra pretende es que los “ciberpolicías” averigüen quienes son los condenados sujetos que más intercambian a través del maldito P2P es otra cosa muy diferente que puede chocar con nuestros derechos fundamentales. Pero ante todo prevalece en ciertos políticos la solemne majadería de identificar Internet con la fuente de todos los males y delitos, sean del tipo que sean.
Vaya por delante que a mi esto de los ciberpolicías me parece una mala idea se mire por donde se mire (aparte de un despilfarro digno de los mejores años de González), pero ante todo no es más que un parche adicional en la cada vez más descompuesta situación de la propiedad intelectual, donde la creciente represión y persecución de los usuarios choca con la multiplicación de medios que permiten, de una forma u otra, burlar derechos protegidos de toda índole. Como llevo años insistiendo, lo que cambia no son los sentimientos de los usuarios sino los medios a su alcance para cristalizarlos en acciones que, ilegales o no, no hacen sino constatar la inoperancia de una industria decadente que en lugar de buscar soluciones a sus problemas se dedica a criminalizar a sus usuarios, a imponerles cánones y a echar balones fuera frente a sus propias vergüenzas. Y para muestra, un botón.
