La oposición venezolana está ante una crítica coyuntura: para que ella, y la democracia, tengan alguna posibilidad sobrevivir, no le queda otra opción que aceptar los resultados del referendo que ratificó a Hugo Chávez en la Presidencia. Pero esta aceptación, a la vez, implica sumarse a la legitimación de un proceso viciado desde el principio, desde el cual se está organizando una nueva escalada autoritaria en Venezuela.
¿Cómo manejar tan compleja ecuación? Este es el enorme –y difícil– desafío.
El punto de partida es un hecho incontrastable: no importan las dudas que persistan o la manipulación que condujo al desenlace, si la oposición insistió en el referendo, si éste se realizó con su participación y si fue avalado explícitamente por incontables gobiernos y autorizados observadores internacionales, sus resultados son políticamente reales y legítimos.
Aferrarse al rechazo implicaría, para la oposición, dar argumentos para que Chávez la margine y persiga aún más, rechazar el único marco institucional existente en el país e introducirse en una lógica que, llevada hasta sus últimas consecuencias, solo podría conducir a la insurrección. Además, asumiría un creciente riesgo de aislamiento internacional, precisamente cuando más necesita solidaridad, protección y respaldo.
Por esto, si aceptar el resultado se constituye en factor de legitimación al régimen, se trata de un riesgo menor: con razón o sin ella, el Presidente ya está legitimado, según las instituciones locales y los principales actores externos. Rechazarlo, en cambio, no afectaría de forma importante la fachada de legalidad oficial, pero colocaría a los sectores democráticos en un rincón de marginalidad y aparente tozudez sumamente peligroso.
Al evaluar esta coyuntura, no hay que hacerse ilusiones. Chávez y sus "bolivarianos" pretenden convertir la ratificación del mandato en una "carta blanca" que acelere su dominio político, económico y social. Ya el régimen logró una reforma al Poder Judicial para ponerlo bajo su control y tiene en cartera dos proyectos de ominosas implicaciones: una ley de "responsabilidad social" de los medios de comunicación, que implicaría amordazarlos frente al poder, y una reforma a la policía, para convertirla en una organización nacional, controlada por el Ejecutivo, que sustituya su carácter local, ámbito en el que aún tiene influencia la oposición.
La estrategia, cada vez más clara, consiste en utilizar la legitimidad ganada para evolucionar desde el populismo contradictorio hacia el autoritarismo regimentado. Si, anteriormente, la huelga general organizada por la oposición y el torpe intento de golpe de Estado le dieron armas a Chávez para imponer a sus incondicionales en la poderosa empresa estatal Petróleos de Venezuela y en mandos de las Fuerzas Armadas, ahora el referendo, por su factura de legalidad, le otorga mayores instrumentos para acelerar la marcha.
A lo anterior se añaden, como elementos a su favor, los altos precios internacionales del petróleo, la considerable dependencia de Estados Unidos del suministro venezolano, y las oportunidades de inversión y explotación del recurso que, inteligentemente, Chávez ha otorgado a las petroleras estadounidenses. También ha comenzado a cortejar a los más conspicuos empresarios locales, para llegar a una suerte de "convivencia pacífica": respetarles sus intereses a cambio de que acepten al régimen.
Es este perturbador panorama el que debería llevar a la oposición a superar el triste episodio del referendo y dedicarse, como tarea inmediata, a proteger –y ojalá aumentar– los precarios ámbitos de democracia, independencia y legalidad del país. Esto implica, entre otras cosas, apuntalar a los sectores autónomos que aún existen en la sociedad, sostener la independencia de los medios de comunicación, proteger lo poco que queda del Poder Judicial real, buscar cuotas de poder en las próximas elecciones regionales, insistir en que se mantenga una institucionalidad al margen del control chavista y desarrollar un mensaje alternativo convincente frente a la demagogia presidencial.
La tarea es en extremo compleja, pero, por ahora, parece la única opción con algunas posibilidades de éxito. Y constituye, también, una apuesta con la que deben comprometerse los gobiernos, organizaciones y sectores democráticos internacionales.