El Supremo parece decidido a acumular todas las causas pendientes contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña. Esto puede generar cierto escándalo si el magistrado instructor, Pablo Llarena, decide poner en libertad con fianza a los que ahora mismo se encuentran en prisión preventiva. Podría dar lugar a pensar que el Gobierno ha influido con el fin de que los candidatos que están en la cárcel salgan de ella y participen en la campaña electoral. Ésta no es la cuestión. Para empezar, Junqueras y sus compinches tendrían que renegar del mismo vergonzoso modo en que lo hizo Forcadell. Pero, sobre todo, la acumulación de la causa es necesaria, al menos para los que formaron parte del Gobierno de Cataluña, porque los hechos a juzgar son esencialmente los mismos. Que deba también hacerse con respecto a los Jordis y a Trapero es más discutible porque el modo en que éstos cometieron el delito de sedición es algo diferente al del resto de acusados. Pero, en caso de duda, es preferible acumular con el fin de evitar sentencias contradictorias para hechos muy similares.
Sin embargo, hay otra razón para acumular. Normalmente, en el proceso penal la instrucción tiene por objeto probar los hechos de los que se acusa a los investigados. Esta labor suele ser bastante penosa porque, para empezar, los acusados los niegan. Además, suelen ser actos que no están documentados, que hace falta probar a veces por medio exclusivamente de testigos, no siempre fiables, o evidencias que fácilmente pueden ser meramente circunstanciales. Sin embargo, en este caso los hechos y las responsabilidades de los acusados son notorios porque los vieron todos los españoles por la televisión, además de estar, al menos en lo que se refiere a los actos ilegales que se cometieron en el Parlamento de Cataluña, perfectamente documentados. Por lo tanto, no hay razón para dilatar la instrucción y ésta podría terminar en unos pocos meses, por lo que lo mejor es acumular los procesos y terminar tan pronto como se pueda la instrucción para todos los investigados a la vez.
Es verdad que todo podría retrasarse un poco con respecto a Trapero si la acumulación finalmente también le afecta. Las pruebas que lo hacen reo de sedición se encuentran en las órdenes dadas a sus subalternos, y no siempre serán fáciles de demostrar. Respecto de los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento catalanes, los hechos están más que probados y ni ellos mismos los niegan. Tan sólo puede haber cierta dilación a la hora de fijar con exactitud la suma de dinero público malversada. Pero que hubo malversación y sedición o rebelión no es una cuestión de prueba, sino tan sólo de calificación jurídica de unos hechos cuya realidad y responsabilidad no está en discusión. Esta labor corresponde en última instancia al juzgador, no al instructor. De modo que esperemos que la acumulación que se anuncia sirva para que los responsables de este inmenso daño que se ha hecho a España en general y a Cataluña en particular vayan pronto a juicio. Así se podrá resolver definitivamente, con todas las garantías y sin necesidad de recurrir a la denostada prisión preventiva, acerca de las penas que estos delincuentes merecen.