A nadie se le escapa que la niña mimada de la Administración durante esta legislatura ha sido Hacienda. Tiene su lógica si se considera la brutal caída de la recaudación a consecuencia de la crisis junto con la férrea voluntad del presidente del Gobierno de no privar al sistema de un solo euro con el que mantenerlo engrasado. Si el ministerio hubiera sido entregado a alguien más discreto, el objetivo, sangrarnos tanto cuanto fuera posible, hubiera podido alcanzarse sin alharacas ni aspavientos. Pero, habiendo puesto a su frente a un histrión como Cristóbal Montoro, es normal que el personaje se creciera, se viniera arriba y nos obligara a soportar, además de las incautaciones que son hoy los impuestos, sus broncas, amenazas y bravatas. No es por tanto de extrañar que esta actitud chulesca y desafiante se haya contagiado a sus subordinados.
Es el caso de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Margarita García Valdecasas. Ésta ha recibido un requerimiento del juez Ruz para que calcule la suma que por Impuesto de Sociedades debería haber pagado el PP en el caso de que se estime que las donaciones ilegales debieran haber tributado por el Impuesto de Sociedades. Pues bien, la funcionaria le ha dicho con impertinencia que ya le dijo en un anterior informe que ella consideraba que esas donaciones, aunque fueran ilegales, no estaban sujetas a ningún impuesto y que, convencida como seguía estando de eso, nadie podía obligarla a calcular nada. Aparte la inadecuación del tono, doña Margarita debería saber como sabe cualquier funcionario que, con independencia de la presunción de legalidad de la que goza toda actuación de la Administración, ésta no tiene, ni siquiera cuando es Hacienda, la última palabra sobre qué es o no legal, sino que la tiene el juez. Pero es que además, el magistrado no le ha pedido su opinión acerca de si deberían o no haber tributado esas donaciones, sino que calcule cuánto debería haber pagado el PP de haber tenido la obligación de hacerlo. No lo hace por curiosidad malsana, sino porque de ser como con toda probabilidad es una cantidad muy superior a aquella a partir de la cual la evasión tiene la consideración de delito, habría que hacer responsable del mismo a quien mandara en el PP. Puede que tal responsable fuera por enésima vez Luis Bárcenas por ser entonces el tesorero. Pero también podría atribuirse a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, o al presidente del partido, Mariano Rajoy Brey.
Naturalmente, para que hubiera delito, habría que considerar que las donaciones ilegales hechas a los partidos políticos deben tributar por no gozar de la exención de la que disfrutan las que son legales. Y en eso, por más que le pese a García Valdecasas y a Montoro, la última palabra la tiene Ruz. Al menos, mientras esté al frente del Juzgado que lleva el caso, que va a ser, como saben bien esos dos, muy poco tiempo.