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El CETA y Montesquieu

Nada de esto pasaría si la Unión Europea funcionara según reglas genuinamente democráticas.

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Flickr/ European Parliament

Una de las consecuencias de la colonización que Podemos está llevando a cabo en Ferraz por medio de Pedro Sánchez es la amenaza de que el PSOE no ratificará el tratado de libre comercio con Canadá. Dice Rajoy que en tal caso los españoles haríamos el ridículo.

También se alega que el libre comercio es un bien en sí mismo. Y que en Canadá priman valores parecidos a los nuestros. Tonterías. Si no se ratifica, quien hará el ridículo será Rajoy, no los españoles. Si por otra parte bastara la bondad del libre comercio o tener valores comunes para firmar el tratado, no habrían sido necesarios siete años para negociarlo. El PSOE es muy dueño de considerarlo malo para España o para Europa y votar en consecuencia.

Nada de esto pasaría si la Unión Europea funcionara según reglas genuinamente democráticas. Para la entrada en vigor del CETA, debería haber bastado la ratificación del Parlamento Europeo. La cuestión es que ningún Gobierno quiere ampliar las funciones de aquél. No quieren porque ahora no son los parlamentos, ni el europeo ni los nacionales, quienes redactan las leyes europeas, incluidos sus tratados. Son los Gobiernos. Sustraen al Legislativo parte de sus funciones, y ocultan el escándalo negociando los unos con los otros. Es como si en España las leyes las negociaran los presidentes autonómicos y a las Cortes les quedara tan sólo la función de decir amén.

La responsabilidad de que el Parlamento Europeo no tenga apenas funciones es más de los países del Norte que de los del Sur. Ellos no quieren que la última palabra la tenga una asamblea donde haya diputados italianos, griegos, portugueses y españoles. Con todo, al menos con el CETA, a los respectivos parlamentos les queda la posibilidad de negar la ratificación. La mayor parte de la legislación que negocian los Gobiernos entre sí o es de aplicación directa o es obligatorio transponerla a los respectivos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, las decisiones legislativas debería tomarlas un cuerpo legislativo, que, en este caso, no puede ser otro que el Parlamento Europeo.

Otra cosa distinta es que, aquí, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, sin tener ni idea de lo beneficioso o perjudicial que pueda ser para España, estén pensando en no ratificar el CETA para debilitar a Rajoy. Como también lo es que Rajoy, a pesar de saberse en minoría, no haya negociado el respaldo en España antes de dar su visto bueno en Bruselas. Pero si fuera como debiera y el Parlamento Europeo tuviera la última palabra, nos ahorraríamos el bochorno. Si continuamos empeñándonos en que el Parlamento Europeo sea irrelevante, el avance en la integración europea acumulará más funciones legislativas en manos de los Gobiernos de los Estados miembros. Que las tengan conjuntamente y que para ejercerlas tengan que negociar entre ellos no oculta que lo que se está haciendo es destruir la división de poderes en toda la Unión.

En España

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