Como Pedro Sánchez no sabe qué decir cuando se habla de algo importante por temor a que le pase lo que tantas veces, esto es, meter la pata, en lo del tema del cupo vasco ha preferido callarse. Y claro, al faltar una opinión desde la dirección, todos en el partido se han lanzado a dar la suya, no siempre discreta. Mientras a unos les parece muy bien esta "singularidad" porque la reconoce la Constitución, a otros se les figura un privilegio muy deseable para sus regiones. Los más prudentes creen que el problema del cupo no está en su naturaleza sino en su cuantía y que si vascos y navarros pagaran lo que debieran ningún problema habría en conservar para ellos ese régimen fiscal excepcional.
No dejan de tener razón. Lo que aportan vascos y navarros al fondo común es muy poco, no tanto por el cupo sino por cómo se calcula y porque no se ha revisado desde 2007. Y también la tienen cuando recuerdan que lo que necesita urgente revisión es el sistema de financiación autonómica a fin de hacerla más justa. Claro que en la justicia en la que están pensando es en que reciban más las comunidades que más dinero generan, es decir, las más ricas, lo que sin duda tendería a igualar sus recursos per cápita con los que disponen en el País Vasco y Navarra. Sin embargo, es obvio que no es éste el modo de ser más justo, al menos desde el punto de vista de la solidaridad territorial.
Pero, aparte la cuestión de la financiación, el gran privilegio que suponen los conciertos es otro. Lo importante es tener en su mano la inspección de todos los impuestos. Si quisieran bajar los impuestos de facto, puesto que no pueden hacerlo de iure, el control de la inspección les permite hacer la vista gorda hasta donde crean oportuno. Tal podría hacerse corriendo la voz de que, por ejemplo, en vez de pagar el 50 por ciento que exige la ley, se dará por bueno el pago del 30. En el caso de que eso fuera lo que estuviera ocurriendo, lo que estarían haciendo es competir deslealmente atrayendo inversiones y creando riqueza con unos impuestos de facto más bajos en perjuicio de otras regiones españolas donde quien no paga lo fijado por la ley es inspeccionado y sancionado por la Agencia Tributaria. De estar sucediendo eso, la culpa no sería del modo en que se calcula el cupo.