En los países del norte de Europa y en Estados Unidos, los políticos dimiten cuando se descubre un comportamiento por debajo de lo exigible. Importa poco que la conducta sea o no constitutiva de delito y esté o no suficientemente probada en términos jurídicos. Basta la certeza moral de que el sujeto se ha conducido de una forma censurable. En el Sur somos más tolerantes, y lo que es reprobable en el Norte quizá aquí no lo sea. No me parece mal, especialmente si se trata de aspectos de la vida privada del político. Lo que no es tan edificante es la indulgencia con la que enjuiciamos procederes abiertamente inmorales bajo el pretexto de que no ha habido condena penal.
Piensen en Felipe González. Su Gobierno creó una organización terrorista responsable de asesinatos y secuestros. Durante su mandato, la corrupción alcanzó a instituciones que se creían ejemplares, como el Banco de España, la Guardia Civil y el Boletín Oficial del Estado. Habiéndose librado de la cárcel por los pelos, por los jueces amigos encumbrados por él al Supremo y por la benevolencia de Aznar, hoy perora desde todos los medios de comunicación y sus banalidades son escuchadas como las de un oráculo, amén de alabadas por los más insignes comentaristas, especialmente los de derechas.
La Gürtel y la evidencia de que el PP se financiaba con dinero negro de oscura procedencia no han impedido que el máximo responsable de esa situación, Mariano Rajoy, se volviera a presentar como candidato a la presidencia del Gobierno. Como en el caso de Felipe González, la ausencia de una condena penal nos obliga a todos a vivir en la ficción de que él nada sabía de lo que sucedía en su partido y que todo fue fruto de las maquinaciones de un tesorero codicioso y desleal. El electorado de la derecha, atenazado por el miedo a Podemos, se muestra dispuesto a tragar lo que sea en la segunda vuelta que casi con seguridad tendremos. Tan sólo exige algo de azúcar con que hacer pasar la hiel. La edulcoración corre por cuenta de los medios apesebrados de la derecha, que informan de las deslealtades de los subordinados pero omiten las inexcusables responsabilidades del jefe. A la vez, los líderes del partido, unos más salpicados que otros por la corrupción, aceptan ser dirigidos por alguien tan escasamente apto por temor a que otro que le sustituyera les descabalgara con los mismos argumentos por los que hoy debiera ser defenestrado Rajoy.
En última instancia, tanto el presidente como el resto de capitostes del partido se dirán, con alguna razón, que por qué habrían ellos de mostrar respeto a su electorado presentándoles candidatos intachables, cuando es el propio electorado el que no se respeta a sí mismo demostrando su disposición a votar a cualquiera, por muy sospechoso que sea, siempre que no haya sido condenado por sentencia firme. Y es que al respeto le pasa lo que a la caridad, que el bien entendido empieza por uno mismo.