Decir que el inicio del reinado de Felipe VI inaugura una nueva era podría no ser otra cosa que una exageración más en el cúmulo de lugares comunes que vamos a oír estos días. Sin embargo, la profunda crisis institucional que padece España, agravada por la crisis económica, hace concebir la esperanza de que, en efecto, el reinado de Felipe VI sea el de la superación del descrédito que sufren muchas de nuestras instituciones, empezando por la propia Monarquía. Los mayores desafíos son dos: devolver a la política el prestigio que la corrupción y la partitocracia le han arrebatado y que Cataluña y País Vasco sigan siendo España. Las voces sensatas creen que ambos han de afrontarse con una reforma de la Constitución, pero no dicen en qué sentido. Creen que han de ser los mayoritarios PP y PSOE quienes lo acuerden.
Sin embargo, el tiempo apremia. No porque Mas siga avanzando o por el temor a que en la próxima legislatura PSOE y PP sumen bastante menos diputados que hoy. Urge hacer pronto la reforma porque, con la composición actual del Congreso, no tiene que convocarse un referéndum si los dos grandes partidos no lo quieren. La Constitución dice que éste sólo se hará si lo piden 35 diputados y hoy por hoy, sin CiU, es muy difícil sumar ese número. En la próxima legislatura en cambio es previsible que será mucho más fácil reunir esos 35 si, como se espera, PP y PSOE se dan un batacazo.
¿Y qué motivos podrían tener PP y PSOE para no querer un referéndum? Podrían tenerlos muy poderosos si la reforma que nos proponen es una que, con tal de que los independentistas soporten seguir siendo españoles, se atribuya a Cataluña y quizá también al País Vasco determinados privilegios en perjuicio del resto de los españoles. Una reforma constitucional que por ejemplo concediera a Cataluña competencias económicas similares a las que ya disfruta el País Vasco o que considerase de uno u otro modo y según y para qué soberanos a los habitantes de ambos territorios podría y debería merecer el no del resto de los españoles y ser rechazada en referéndum. Para prestigiar el engendro, PSOE y PP podrían tentar a Felipe VI ofreciéndole el dudoso privilegio de figurar como mediador en el hipotético acuerdo con CiU halagándole los oídos diciéndole que sería visto como el salvador de la unidad de España.
No sé si este esperpento u otro similar se está fraguando ya. Lo que ha de saber el nuevo rey es que romper la igualdad de todos los españoles o repartir su soberanía no es diferente a cargarse la unidad de España, que es algo que está obligado a defender. Es más, si PP y PSOE pactan algo de ese estilo con CiU y logran sustraer la reforma a nuestra consideración impidiendo un referéndum, nuestra única esperanza de que el crimen no se perpetre será nuestro nuevo y joven rey.