Cuando en 2015 ganaron los partidos independentistas pensamos que se debió a que simplemente la mitad de los catalanes querían la independencia. La tardía aplicación del artículo 155 tuvo, junto a muchos inconvenientes, la ventaja de dar tiempo a que los catalanes se dieran cuenta de las consecuencias que podía tener su declaración. A pesar de que se hizo sin fe y contando con que la intervención del Estado evitaría males mayores, los efectos económicos se dejaron sentir inmediatamente. Si hubo catalanes que en 2015 votaron a los independentistas creyendo que la futura república catalana sería Jauja, se hizo enseguida evidente que habían sido engañados. En buena lógica, cabía esperar que algunos de ellos, los más sensatos, se replantearan en esta ocasión su voto. Es evidente que no lo han hecho. Al contrario, no sólo siguen queriendo la independencia, sino que la quieren les cueste lo que les cueste.
Con ser grave que a la mitad de los ciudadanos les importe una higa que su región se despeñe económicamente persiguiendo un sueño, no es, ni mucho menos, lo peor. En 2015 votaron a favor de la independencia, pero los partidos vencedores concurrieron a las urnas sin aclarar qué métodos emplearían para alcanzarla. Hoy se sabe que están decididos a imponerla a la otra mitad de los catalanes con los medios más rastreros, ilegítimos y antidemocráticos, sin excluir la violencia más que en los casos en que se crea que es tácticamente contraproducente. Pues bien, ahora que se conocen los métodos que están dispuestos a emplear, han conseguido revalidar holgadamente la mayoría absoluta de la que disfrutaron en la anterior legislatura. Esta vez, los votantes independentistas no sólo han avalado con su voto la búsqueda de la independencia como objetivo, sino también los medios que se han estado empleando hasta hoy para alcanzarla.
El resto de los españoles podemos engañarnos poniendo el foco en la victoria de Ciudadanos. También nos cabe culpar del resultado a la tibieza de Iceta y Colau. Podríamos incluso enredarnos especulando con la posibilidad de que las responsabilidades penales impidan a Puigdemont ser presidente de la Generalidad. Y, en el colmo de la ingenuidad, llegar a creer que el Gobierno independentista que de una u otra forma se constituirá, ante el temor de una nueva aplicación del 155, se limitará a gestionar los asuntos corrientes de la región. Minucias. Lo relevante es que la mitad de los votantes de una región, dando a sus partidos la mayoría absoluta en su asamblea legislativa, respaldan el incumplimiento de la Constitución, la inaplicación de la ley, la desobediencia a las resoluciones judiciales, la imposición de una ideología sectaria y xenófoba en la escuela, el recurso consciente y constante a la mentira y la malversación de fondos públicos para la difusión de propaganda. Y, para colmo, lo hacen sabiendo que todo ello traerá pobreza para todos. No hay disculpas. La mitad de los catalanes lo quieren así. Ellos sabrán.