Este PP de Mariano Rajoy tiene una forma de entender la división de poderes que habría dejado estupefacto a Montesquieu. Según el Gobierno, el Gobierno no tiene la competencia de ejecutar las leyes, esto es, de imponer su cumplimiento cuando esa ejecución provoque rechazo o polémica. De forma y manera que, en tales casos, el Ejecutivo pierde la competencia. Entonces, el ejecutor será el Poder Judicial, que decidirá si procede o no aplicar la ley. Es lo que pasó por ejemplo con Bildu. El Gobierno del PSOE instó la ilegalización de Bildu, y cuando ya no convino ilegalizarlo por lo de la negociación con ETA, en vez de retirar la instancia, aceptó la idea del PP de que fuera el Tribunal Constitucional quien asumiera la responsabilidad revocando la sentencia del Supremo.
Así que, como el Judicial desempeña ahora funciones que tradicionalmente correspondían al Ejecutivo, para compensar el Ejecutivo se atribuye las del Judicial y se ocupa de designar a los altos cargos de la Magistratura para que, en los casos que sea necesario, el Judicial decida lo que el Ejecutivo quiera sin tener que asumir éste la responsabilidad.
Hoy encontramos un nuevo ejemplo de este perverso sistema incorporado a esa Constitución no escrita que hemos poco a poco anexionado a la de 1978. Como el Ejecutivo no puede aplicar el artículo 155 de la Constitución, ése que le atribuye la responsabilidad de intervenir las comunidades autónomas donde se incumplan las leyes o se atente gravemente contra el interés general, decide reformar la Ley del Tribunal Constitucional para que sea éste el que lo haga. ¿Y por qué no puede aplicarse el artículo 155? Pues por lo visto porque eso sería un escándalo, lo que, conforme a la doctrina del PP, hace que en la práctica esté derogado.
Porque, no nos equivoquemos, objetivamente la reforma que propone el PP es innecesaria. Nuestro ordenamiento otorga al Ejecutivo poder de sobra para intervenir contra cualquier cargo de una comunidad autónoma que pretenda proclamar unilateralmente la independencia de su región. Lo que pasa es que las leyes actuales, que creían en la división de poderes tradicional cuando fueron redactadas, atribuyen esa función al Ejecutivo. Ahora hay que dársela al Judicial porque el Gobierno no quiere o se siente incapaz de ejercerla.
Y sin embargo, hay un problema. La ley que se pretende aprobar nada menos que por el trámite de urgencia, radicalmente inadecuado para algo tan importante, es, como ha reconocido implícitamente García Albiol, una ley ad hoc, elaborada y dictada para el concreto asunto de la independencia de Cataluña aquí y ahora. Una ley ad hoc no es una ley, por mucho que formalmente conserve su carácter general. Y es lo que nos faltaba, combatir el proceso de Artur Mas con una ley carente de legitimidad y echando sobre el Tribunal Constitucional la responsabilidad que corresponde en realidad al Gobierno.