La decisión del magistrado Llarena conlleva innegables ventajas prácticas. Tiene por objetivo evitar que la entrega por parte de las autoridades belgas de Puigdemont y del resto de exconsejeros prófugos impida juzgarlos por el delito de rebelión, que al parecer en Bélgica no existe. Dado que Puigdemont y los demás pretenden en todo caso volver a España, el magistrado prefiere esperar a ese momento para que, cuando lo hagan, sean detenidos y puedan ser juzgados por los mismos delitos que el resto de sus cómplices que permanecieron en España.
Aunque el razonamiento sea inteligente, los riesgos que conlleva son jurídicamente inasumibles. Por probable que sea el retorno de Puigdemont, no es seguro. Una vez que el criminal ha huido y dejado de presentarse cuando le ha requerido la Justicia, lo que hay que hacer es perseguirlo con todos los medios legales disponibles. Retirar la orden europea de detención supone renunciar a uno de ellos con la esperanza de que a la postre sea innecesario. A partir de ahora, estos presuntos delincuentes, a pesar de los graves delitos cometidos, pueden moverse libremente por el ancho mundo sin que nadie puede tocarles un pelo, porque los jueces españoles han decidido dejar de perseguirlos, al menos en el extranjero. Eso les otorga la obvia oportunidad de sustraerse a la acción de la Justicia huyendo a un país desde donde no puedan ser extraditados. A cambio, el único beneficio que se obtiene, el de poder juzgarlos por todos los delitos que se les imputan, depende de que voluntariamente vuelvan a España. El juez no es quién para valorar la alta probabilidad de que tal retorno se produzca. Lo que tiene que hacer es procurar en la medida de lo posible que los criminales sean debidamente juzgados. Y si no pueden serlo por todos los delitos que se les imputan, que lo sean por los que los tratados internacionales permitan.
Sin embargo, lo peor son las razones políticas que podrían haber inspirado el auto del Supremo. Leyendo entre sus líneas parece que se está animando a Puigdemont a no retornar amenazándole con juzgarle por todos los delitos de los que se le acusa si lo hace. Da la impresión de que alguien ha pensado que lo mejor es que el expresidente no vuelva para evitar el problema político que plantearía su retorno. No hay evidencia de que esto sea efectivamente así y que este razonamiento haya sido el impulsor del auto. Pero cabe sospecharlo. Y esto ya tiene consecuencias suficientemente perversas. No hay peor error que pueda cometer un jurista encargado de resolver asuntos de trascendencia política que el de dar la apariencia de que se estiman los argumentos políticos por encima de los jurídicos. Y no sólo porque puede salir mal, sino porque, aunque salga bien, que en este caso está por ver, estará poniendo en evidencia que, en según qué casos, los jueces españoles son sensibles a motivos diferentes de los jurídicos.