Se acaba de celebrar la audiencia del candidato de Trump a fiscal general del Estado. Los senadores demócratas, para desacreditarlo, han recordado que, de las 87 ocasiones en que Jeff Sessions ha tenido que votar en asuntos relacionados con el aborto, en 86 lo hizo en contra. Ninguna norma dice que para ser fiscal general del Estado haya que ser proabortista. Pero lo peor es que estos izquierdistas consideran el derecho a abortar una especie de derecho civil que todo fiscal general debiera promover, cuando, de ser algo, es la negación de todos los que pudiera tener la futura persona que inequívocamente es un feto.
De risa es que uno de los argumentos en contra de Sessions sea que se opone a la inmigración ilegal. O sea, que para ser un adecuado fiscal general hay que ser partidario de lo ilegal, mientras que oponerse a la ilegalidad descalifica. Parecida hilaridad provoca que se le acuse de promover que se exija a los votantes identificarse correcta e inequívocamente. La ausencia de documento oficial de identidad en Estados Unidos ha permitido votar a personas que, por ser extranjeras, no tenían derecho a hacerlo. Hasta ahora, los demócratas han bloqueado toda legislación dirigida a impedir el fraude porque creen que los extranjeros, en la medida en que sean inmigrantes ilegales, les votan a ellos.
Acusan asimismo a Sessions de haber votado contra las leyes que tipifican el delito de odio. Les debe de parecer intolerable que alguien de derechas recele de un delito pensado para condenar a personas de derechas cuando se meten con gente de izquierdas y no al revés. En España hemos visto cómo en la práctica es así y cómo políticos de Podemos, que debían haber sido condenados por sus chistes antisemitas o sus irrupciones en una capilla católica, fueron absueltos precisamente por ser de izquierdas.
Para defender su oposición al nombramiento, un joven senador demócrata, Cory Booker, de New Jersey, ha explicado que un buen fiscal general no es aquel que persigue imponer la ley y el orden, sino el que persigue la Justicia. ¿Y quién dice lo que es conforme a justicia? Pues los demócratas, naturalmente. No entiende Booker, como tantos otros izquierdistas de ambos lados del Atlántico, que lo que tiene que hacer un fiscal general del Estado es imponer el cumplimiento de la ley, diga lo que diga ésta. Si quieren cambiarla, como de hecho la cambian para conformarla a su ideología, que lo hagan. Lo que no puede ser es que encima haya que aplicarla sesgadamente.
Con todo, lo peor ha sido la reacción del pobre Sessions, que se ha comprometido a no acusar a Hillary Clinton. Su obligación es investigar a todo aquel del que haya indicios de que ha cometido un delito, incluida, por supuesto, Hillary Clinton. Si cree que los demócratas le perdonarán que sea de derechas por obligarse a comportarse con ella tan parcialmente como ellos lo harían, se equivoca. Este compromiso sí que justificaría votar en contra de su nombramiento.