Aparentemente, han sido los treinta millones de euros que ha movido Pujol Ferrusola estando ya imputado lo que ha provocado que en la Audiencia Nacional se hayan decidido a decretar la prisión incondicional del hereu. Sin embargo, es mucha casualidad que la decisión se haya tomado precisamente en los días posteriores a que, con ocasión de la operación Lezo, se hayan decretado unas cuantas prisiones incondicionales por mucho menos de lo que han hecho los Pujol. El agravio comparativo era ya tal que no era posible hacer algo diferente.
Otra cosa es que haya que vestir la resolución con la concurrencia de nuevos hechos que justifiquen la modificación de las circunstancias procesales del investigado. Sea lo que sea que diga el auto, cualquier saqueo que de las cuentas públicas hayan podido cometer Granados o González palidece ante el volumen de lo extraído por los Pujol. Es posible que la Policía haya conseguido contra los dos dirigentes del PP madrileño pruebas más contundentes de las que tiene contra la familia y que eso pueda justificar jurídicamente la flagrante diferencia de trato. A más a más, está el que algunas de las pruebas contra los Pujol se han contaminado por ser fruto de un robo y que la imposibilidad jurídica de ser empleadas en el futuro juicio dificulte la acumulación de evidencias que permitan una condena que en los casos de Granados y González se antoja más fácil de lograr. Pero no lo es menos que existe la poderosa sospecha de que, en el caso de los Pujol, se han utilizado pruebas viciadas que fueron proporcionadas precisamente con el fin de obstaculizar el procedimiento abierto contra ellos. No sólo, sino que el celo investigador aplicado al caso Pujol no ha sido tan obstinado como en la Púnica y en la operación Lezo, donde se llegó a instalar un micrófono en el despacho de González que ha sido decisivo para obtener pruebas contra el expresidente de la Comunidad de Madrid. No consta que con los Pujol se haya intentado nada parecido.
Como explicación a la sorprendente diferencia de trato aletea alrededor de todo el caso la amenaza del jefe del clan cuando, en sede parlamentaria, dijo con su media lengua que la siega de una rama, o sea, la de su familia, provocaría la caída de otras. Es lícito sospechar que quien se sintió aludido en tal ocasión ha procurado que ningún Pujol fuera a prisión. Finalmente, la operación Lezo y el agravio comparativo han hecho lo que hasta ahora se había evitado, que un Pujol diera con sus huesos en la cárcel. Si la amenaza de las ramas no era un farol y si efectivamente González tira de su particular manta y revela quién antes que él empleó las mismas mañas para enriquecerse en la Comunidad de Madrid, no va a poder uno perderse un solo telediario. Esto cada vez se parece más a la legislatura aquella de 1993-1996. Ya veremos a quiénes les cuesta qué cargos y cuándo. Pero es evidente que esto se está poniendo muy serio.