Una de las muchas cosas sorprendentes de nuestra democracia es la de que, mientras la Constitución escrita no se cumple, se pretende respetar a pies juntillas una que no lo está. Por ejemplo, ha de gobernar el partido más votado. No sólo eso: como los números uno de las listas que se presentan en Madrid se supone que son los candidatos a presidente del Gobierno, sólo ellos están legitimados para ser inquilinos de La Moncloa. Esta Constitución no escrita olvida que en España sólo rige la escrita y que nuestro país es una monarquía parlamentaria en la que los ciudadanos eligen a los diputados y luego son éstos quienes deciden quién será el presidente del Gobierno, haya sido o no cabeza de lista por Madrid del partido más votado o de cualquier otro. No sólo, sino que lo pueden cambiar a media legislatura si lo desean, moción de censura mediante. Un tripartito que se hiciera con el poder es una posibilidad tan legítima como cualquier otra.
Sin embargo, no cabe duda de que nuestro régimen ha evolucionado hacia el presidencialismo a pesar de ser una monarquía parlamentaria. Quien en principio estaba llamado a no ser más que un primer ministro se parece hoy más a un presidente de una república que ha delegado las funciones sin contenido de la jefatura del Estado en un rey. En esas condiciones, no es de extrañar que el votante se considere estafado si su candidato, a consecuencia de cualquier pacto, entrega la presidencia del Gobierno a otro al que él no quiso votar. Sin embargo, en un régimen parlamentario en el que el partido más votado no va a pasar de los 130 diputados, el pacto será inevitable. Y a pesar de ello quienes, por no votar al PP o al PSOE, se refugiarán en los emergentes se sentirán engañados si lo que hacen éstos con su voto es dar el Gobierno a los partidos de siempre.
Por lo tanto, no tiene sentido alegar que alguna clase de pactos es ilícita y otra no. Todos son legales y, por lo tanto, lícitos. Como no tiene por qué sentirse burlado quien votó al partido ganador de las elecciones si luego éste no es capaz de formar gobierno por falta de acuerdos o si al final tiene que ser otro candidato distinto de aquél por quien votó el que forme Gobierno porque así lo exige quien ha de completar la mayoría. Es nuestro sistema. Nada hay de malo en él. Si no nos gusta, cambiémoslo, pero no nos rijamos por normas que no existen a la vez que deslegitimamos las que están debidamente promulgadas. Un régimen en el que coexistan normas escritas con otras no escritas contrapuestas las unas a las otras está abocado al caos.