Muchos de los debates jurídicos alrededor del golpe de Estado de Cataluña versan sobre si tal o cual cargo público ha cometido o está a punto de cometer tal o cual delito. Si se piensa detenidamente, el debate es absurdo. La cuestión no es si Trapero, cuando discute la pertinencia de las órdenes que recibe y se reserva el derecho de desobedecerlas; o si la consejera de Educación de la Generalidad, Clara Ponsati, cuando amenaza con inventarse actividades escolares para que los colegios no puedan ser precintados o tengan que serlo con riesgo para la integridad de los niños, cometen o no un delito. La cuestión es que, si las autoridades catalanas no obedecen las órdenes que están obligadas a cumplir, lo procedente es destituirlas y sustituirlas por personas que vayan a ser inequívocamente obedientes. Ya habrá tiempo de discutir si cometieron o no delito. De momento, lo que hay que hacer es destituirlas. Y para hacerlo es indispensable recurrir al artículo 155 de la Constitución. Si el precepto no está para esto, es que no está para nada y habría que considerarlo derogado de facto.
Ahora bien, como el Gobierno tiene el absurdo prurito de desarticular el golpe de Estado sin recurrir al 155, nos vemos en esta situación kafkiana en la que las autoridades dictan unas órdenes y los cargos que tienen que cumplirlas no sólo las desobedecen sino que las desafían, cuando no se ciscan directamente en ellas, y, por el momento, no pasa nada.
Es evidente que recurrir al 155 puede tener el peligro de que, desde el punto de vista del orden público, las cosas empeoren. Pero el caso es que no hay alternativa. ¿O cree el Gobierno que todo consiste en pasar el 1 de octubre sin que haya pantomima de referéndum? Porque después del 1 de octubre, con independencia de cuántas urnas haya habido y de en cuántos colegios se haya podido hacer que se vota, los actuales cargos de Cataluña que incumplieron la ley la seguirán incumpliendo, que es por otra parte lo que llevan haciendo desde hace lustros.
Ha llegado el momento de imponer la Constitución en Cataluña, y para hacerlo no hay más remedio que recurrir al 155 y asumir los riesgos que ello conlleva. Salvo que lo que queramos sea volver a la situación anterior donde los derechos de los españoles que en Cataluña se vulneraban vuelvan a ser lo suficientemente pocos como para poder mirar hacia otro lado. Y éste no debería ser un problema cuantitativo, de cuántos son los españoles privados de cuántos derechos. Debería ser cualitativo, donde lo relevante fuera que algunos españoles, muchos o pocos, ven violados algunos, muchos o pocos, de sus derechos. Y el Gobierno tiene la obligación de devolverles a una situación en que todos sean debidamente amparados. Y si se niegan a hacerlo, en mucho o en poco, las autoridades catalanas deben ser apartadas del poder por la única vía legal que lo permite, esto es, el 155.