Un grupo de abogados y juristas, en su mayoría desconocidos para el gran público, se ha gastado una pasta en publicar en El País un manifiesto en defensa de Diego López Garrido. Son muchas las cosas que sugiere el escrito.
La argumentación jurídica es tan pobre que si de algo ha de servir la lista de abajofirmantes es para hacerse un catálogo de abogados a los que no recurrir en caso de tener problemas con la Justicia. Porque basar la defensa del secretario de Estado en afirmar a secas, sin fundamentar, que no hay impedimento legal para subvencionar a una fundación de la que uno es patrono, es un error. Pero añadir que el que subvencionó había dejado de pertenecer al patronato de la subvencionada lo es más. Si es verdad que Diego López Garrido ya no pertenecía al patronato de la fundación Alternativas cuando fue subvencionada será en ese hecho, y no en otra cosa, en lo que se ha de basar la defensa. Y si es verdad que es legal subvencionar con el dinero público que uno administra a fundaciones de las que uno es patrono, será irrelevante que uno haya dejado de serlo antes o después de acordada la subvención. Pero alegar las dos cosas al mismo tiempo es tanto como reconocer que ninguno de los dos argumentos es suficientemente sólido.
Los juristas abajofirmantes, por otro lado, nada explican de cómo es posible que, siendo la conducta de López Garrido inmaculadamente legal y habiendo actuado la denunciantede un modo tan torticero como el que le atribuyen, ha podido el probo bolchevique acabar imputado por la Justicia.
Pero lo más notable del escrito no es lo que dice ni quienes lo firman, sino sobre todo quienes no lo firman. Ninguno de los muchos juristas progres que en España soportamos aparece al final del manifiesto. Esto es especialmente notable en gente del PSOE, a la que tanto le gusta firmar cosas así. Que no haya nadie del Gobierno es lógico. Pero ya es chocante no encontrar allí a ningún ex ministro socialista, salvo de la Quadra Salcedo. Es verdad que está Cristina Almeida, pero su caso no es tanto de solidaridad corporativa como de "socorro rojo", de camaradería entre comunistas. También es cierto que está Ignasi Guardans, pero lo suyo ha de tener alguna explicación porque Guardans no da puntada sin hilo y, que se sepa, ni es comunista ni lo ha sido. Dios sólo sabe en qué circunstancias se habrá visto para sentirse obligado a solidarizarse con López Garrido en este trance.
Así que, al pobre marxista-leninista, los socialistas lo han dejado solo. Y es que nunca les cayeron bien los comunistas. Desde que uno de ellos quiso librar al mundo de Lenin por el expeditivo medio de meterle tres tiros en el cuerpo, unos y otros se han llevado siempre como el perro y el gato. Es posible que, tal y como afirman los que han salido en auxilio del pobre López Garrido, la asociación Tomás Moro, que es la que ha presentado la querella, sea todo lo ultramontana que quieran. Sin embargo, el caso es que ninguno de los notables del PSOE, al que hoy pertenece López Garrido, se ha dignado a salir en su socorro. ¿Será que, incluso para el laxo código moral socialista, resulta ser bastante feo subvencionar fundaciones de las que uno es o ha sido patrono?