La propuesta de Miquel Iceta es inadmisible. El proceso empezó precisamente cuando el Gobierno de la nación se negó a entregar a la Generalidad la gestión de la totalidad de los impuestos. Entonces, Artur Mas y demás separatistas iniciaron el camino hacia la independencia para, a cambio de renunciar a ella, extraer lo que habían exigido. Como Rajoy no cedió, avanzaron hasta llegar al borde del precipicio, pero nunca tuvieron la intención de ser realmente independientes. Lo prueba la disposición de Puigdemont a desdecirse en el último momento y convocar elecciones autonómicas y la nula resistencia que hubo a la aplicación del 155. Los socialistas pretenden ahora remunerar al golpismo secesionista arrugándose frente a lo que en su día exigieron los separatistas bajo amenaza y coacción. Al cupo vasco y al convenio navarro habría que añadir, según Iceta y Pedro Sánchez, el consorcio catalán.
El sistema tributario padece una perversa anomalía. No es el Estado quien fija lo que debemos pagar, sino que es el contribuyente el que, con su declaración, dice lo que él cree que debe pagar. En caso de error a favor del Estado, éste calla e ingresa el exceso sin rechistar. Si el contribuyente se equivoca en su beneficio, se presume que lo ha hecho de mala fe y se le impone una sanción, además de los intereses. Cuando lo que se deja de ingresar va más allá de un determinado límite, aunque sea a consecuencia de un error o simplemente de una interpretación diferente de la que hace la Administración, la conducta se tipifica como delito.
Es obvio que, en un sistema así, la clave es la inspección. Quien en su declaración omita parte de sus ingresos, sólo pagará lo que realmente debería si su declaración es correctamente examinada. Quien sepa que su declaración no será revisada a partir de una determinada suma declarada podrá evadir impunemente lo que se corresponda con el exceso no declarado. A las otras administraciones gestoras, diferentes de la Agencia Tributaria, como la del País Vasco y la de Navarra y como la que se pretende ahora que haya en Cataluña, el sistema les otorga la posibilidad de atraer a inversores y empresas interpretando las normas tributarias de un modo más benévolo a como lo hace la Agencia Tributaria o conduciendo las inspecciones con inferior celo. Asimismo, el sistema también consiente a estos competidores de la Agencia hacer favores a los empresarios amigos asegurándoles que si declaran hasta un determinado límite no serán inspeccionados por lo que falte por declarar. A nadie se le oculta la clase de poder que los separatistas quieren asumir cuando exigen hacerse con la gestión de todos los impuestos. Y todos, incluidos los socialistas, podemos darnos cuenta de lo importante que es negarse a ceder en este punto.
Al final va a resultar que todo se resume en que unos sinvergüenzas disfrazados de patriotas no quieren más que manejar el dinero... y unos tontos están dispuestos a dárselo.