Una de las fechas que los historiadores considerarán para señalar el fin de la Transición será la del 28 de octubre de 1982, día en que Felipe González ganó sus primeras elecciones generales. Sin embargo, ahora que se hace a la Transición culpable de muchos de los males que padecemos, habrá que recordar que la mayoría de ellos no se generaron durante ella, sino en el Gonzalato. Y no fueron tanto las leyes socialistas, que también, sino las mañas con las que Felipe gobernó las que sentenciaron a nuestra democracia. Fue en aquella época cuando fue certificada la muerte de Montesquieu y el Poder Judicial fue subordinado a los otros dos. Y que se iban a emplear esas mañas estuvo bien a la vista desde el principio, con la sentencia del Constitucional sobre la expropiación de Rumasa.
Muchos años después, Aznar consiguió interrumpir el camino que el PSOE llevaba de convertirse en el PRI español. En su victoria fue esencial la promesa de regenerar la Justicia. Algo que se sintió como absolutamente necesario después de ver la impunidad de la que habían disfrutado los socialistas gracias al sometimiento de los jueces. Y entonces ocurrió algo terrible. Que el nuevo presidente del Gobierno le cogió el gusto a eso de controlar la judicatura y decidió dejar las cosas como las heredó de Felipe González. El mejor presidente que hemos tenido quiso disfrutar él también del poder que daba mandar sobre el Poder Judicial.
Ahora, esa maña que consiste en que es el presidente del Gobierno quien decide arbitrariamente qué jueces ocuparán los altos cargos de la magistratura en función de su lealtad y disposición a la obediencia se ha incrustado en nuestra constitución no escrita y es vista como algo perfectamente natural. Tan natural que, el otro día, con ocasión del nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, a Antonio Martín Beaumont, periodista de esa derecha que un día soñó con lo regenerador que sería que los jueces fueran independientes, la defendió en el telediario de Ana Samboal. Su argumento era intolerable, pues decía que la nueva mayoría social que había dado la victoria al PP en 2011 tenía que estar presente también en el alto tribunal. La idea era tan zafia que José García Abad, próximo al PSOE que la inventó, se sintió obligado a afeársela.
Nadie quiere arreglar nada. A la vicepresidenta le preguntan por qué el Gobierno ha elegido a éstos para integrar el Tribunal Constitucional y ni se preocupa por defender su capacitación, sino que dice que el Gobierno ha elegido a quienes le ha parecido oportuno y tampoco esconde el haber interferido en los nombramientos que correspondían al Consejo General del Poder Judicial so pretexto de coordinarse con él. Y así, a este PP de nuestras entretelas le cabe el honor de haber convertido las mañas de los socialistas en costumbre constitucional. Y luego dice Rajoy que el pesimismo está en retirada. Rampante es lo que está el mío.