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Negociar ¿qué?

A corto plazo, no se puede dialogar nada. Lo único que cabe hacer, aunque el Gobierno se niegue por temor a que pueda costarle el poder, es restablecer la legalidad.

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El golpista Carles Puigdemont y Mariano Rajoy | Moncloa

Hay mucha gente en España, y no digamos fuera de ella, a la que le parece muy bien lo de dialogar y negociar. Uno de ellos es Mariano Rajoy. Tan sólo pone como condición que Puigdemont renuncie a la declaración de independencia. Por eso no se ha entablado todavía ningún procedimiento criminal contra los altos cargos de la región catalana, para mantener abierta la puerta del diálogo.

A cambio de que los independentistas renuncien a la independencia, por ahora, ¿qué exigirían a Rajoy? Para empezar, la impunidad. Una salida negociada supone de momento que Puigdemont, Junqueras, Forcadell y demás golpistas no podrían ser encausados ni condenados por los gravísimos delitos que han cometido. ¿Bastará? Naturalmente, no. Pedirían más. Nada pueden exigir en materia de relaciones exteriores y defensa. Sin la exclusividad en estas materias, no hay posibilidad de conservar la condición de Estado. Pero, en lo demás, en lo poco que queda por ceder, los separatistas exigirían todo.

Por supuesto, para empezar a hablar, los separatistas reclamarían un sistema fiscal similar al del País Vasco y Navarra. Además, exigirían derogar en Cataluña el artículo 3.1 de la Constitución, que concede el derecho a usar el español e impone el deber de conocerlo. Este artículo está de facto derogado en Cataluña, pero su derogación expresa permitiría a la Administración catalana relacionarse con todos los españoles tan sólo en catalán. Luego, solicitarían la competencia para legislar en todo lo que no estuviera rigurosamente relacionado con las relaciones exteriores y la defensa. Por lo tanto, Cataluña tendría, entre otras, sus propias leyes penales y mercantiles. Naturalmente, exigirían tener su propio Poder Judicial y que el Gobierno regional nombrara directamente a sus jueces y fiscales, además de que la última instancia en la región fuera la de su propio tribunal supremo. Por último, hablarían de la posibilidad de un referéndum de independencia vinculante y legalmente reconocido.

Al margen de que habría que reformar la Constitución, ¿estamos los españoles dispuestos a ceder todo o parte de esto? Mucho más, ¿lo estamos a pesar de que serían competencias conseguidas bajo coacción y amenazas? No lo creo. Encima, las reformas constitucionales que habría que emprender carecerían de validez sin un referéndum en toda la nación. ¿Y qué pasaría si en Cataluña se vota abrumadoramente a favor de ellas y en el resto de España, aunque no sea tan abrumadoramente, en contra? ¿Y si, aun cediendo por tener la fiesta en paz, las demás comunidades autónomas exigen no ser menos que Cataluña?

A corto plazo, no se puede dialogar nada. Lo único que cabe hacer, aunque el Gobierno se niegue por temor a que pueda costarle el poder, es restablecer la legalidad. Después se puede negociar todo, pero partiendo de que el único soberano que hay en España es el pueblo español. Y nadie, por numerosos, gritones y violentos que sean los independentistas catalanes, y por medroso que sea el Gobierno legalmente elegido, tiene derecho a imponer a ese pueblo nada en contra de su voluntad.

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