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Emilio Campmany

No hacer nada a cambio de hacer poco

Es muy chocante que sea noticia que el Gobierno se proponga no hacer nada en algo de su incumbencia.

Es muy chocante que sea noticia que el Gobierno se proponga no hacer nada en algo de su incumbencia.

Es muy chocante que sea noticia que el Gobierno se proponga no hacer nada en algo de su incumbencia. Y lo es porque si hay algo que pueda ser remotamente llamado un plan de gobierno en éste que preside Rajoy, es el que consiste en no hacer nada. Y no puede extrañar que sea así porque quien lo preside ha llegado hasta ahí a base de aplicar a rajatabla esa máxima. Bueno, miento, algo sí que hace cuando no hay más remedio que hacer algo, y es incumplir su programa electoral, procurando, a ser posible, no dejar ningún punto sin incumplir, por dar el mismo tratamiento a todas las promesas, no vaya a ser que alguien se queje. Tanto es así que Rajoy podría encargarse un nuevo escudo de armas en el que apareciera un oso sentado en un butacón, fumando un puro y viendo una televisión de plasma con la inscripción: Nihil facere praeter pro promissum laedere.

Pues bien, un Gobierno con ese modus operandi anuncia que no hará nada para impedir la consulta folclórico-golpista del 9-N y sorprendentemente es titular en casi todos los medios en internet a esta hora en que escribo. No es muy comprensible. La noticia hubiera sido que el Gobierno se propone actuar para impedir la consulta con todos los medios al alcance. Bueno, eso no hubiera sido una noticia, hubiera sido un bombazo. ¿Entonces? Quizá la razón de la relevancia periodística del anuncio no esté en que el Gobierno se proponga con toda firmeza no hacer nada, sino que lo haya condicionado a que la consulta quede en manos de lo que ahora llaman asociaciones soberanistas y que no son otra cosa que tentáculos de la Generalidad creados y financiados por ella. Es como si el Gobierno de Madrid se propusiera convocar una consulta para ver si los madrileños estamos hasta el gorro de ser maltratados por el Gobierno de la Nación, el Constitucional la declarara ilegal y Rajoy dijera que no la impedirá siempre que sea el Canal de Isabel II y no el Gobierno de la Comunidad el que la celebre.

El caso es que esa declaración de no hacer nada, tan conforme con la política del Gobierno, choca directamente con ella cuando la condiciona, pues, sensu contrario, por seguir con los latinajos, significa que se propone hacer algo, aunque no se sepa qué, si la condición no se cumple, esto es, si es el Gobierno de la Generalidad directamente y no sus satélites el que la celebra. En definitiva, asistimos a la oferta que hace un cobarde que no quiere tener que intervenir a otro cobarde que no se atreve a proclamar la independencia. De forma que lo más probable es que queden, si es que no han quedado ya, en que uno haga la consulta de la señorita Pepis para que el otro pueda fingir que no había nada de ilegal en ello.

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