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No más propaganda nacionalista

Se puede acabar con el aparato de propaganda independentista. Lo que no se quiere es pagar el precio de tener que, a la vez, acabar con el propio.

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Es sabido que el independentismo se alimenta de propaganda. Ésta se propaga a través de dos vías: los medios de comunicación y el sistema educativo. Es tal la necesidad que tienen los separatistas de controlar ese aparato, financiado con dinero público, que han preferido presentarse a unas elecciones que tachan de ilegítimas con tal de volver a apropiarse de él. Naturalmente, cuentan con ganar las elecciones del 21 de diciembre, cosa que es probable que logren. Tal posibilidad ensombrece el futuro constitucionalista en Cataluña porque, una vez que los separatistas vuelvan al poder, parece que nada puede hacerse para desmantelar su infraestructura propagandística. Y, sin embargo, algunas cosas sí pueden hacerse.

Fijémonos hoy tan sólo en los medios de comunicación. Respecto de los públicos, podría sencillamente prohibirse que las comunidades autónomas tuvieran esta clase de entidades y se obligara a todas ellas a privatizar las que tienen ahora. Si no se quiere ser tan radical, podría legislarse para garantizar la independencia de sus directores exigiendo que sean elegidos por una mayoría muy cualificada de, por ejemplo, tres cuartas partes de sus respectivas asambleas legislativas. De esta forma, los constitucionalistas podrían en Cataluña imponer un director más o menos neutral.

En cuanto a los medios de comunicación privados, podría prohibirse que recibieran subvenciones públicas o publicidad pagada por organismos públicos. No tiene sentido que las Administraciones se pasen la vida diseñando campañas publicitarias sobre los más peregrinos asuntos. Tales operaciones no tienen otro fin que financiar indirectamente medios afines. Naturalmente, para que esta prohibición fuera eficaz, es necesario dotar a los interventores de verdadera independencia, integrarlos en un único cuerpo estatal y que su firma sea indispensable para librar cualquier pago.

¿Por qué no se impone esta normativa en Cataluña? Porque la ley es general y tendría que aplicarse también al resto de comunidades autónomas. Y los políticos que las gobiernan quieren por encima de todo seguir disponiendo de mecanismos de propaganda política de los que disponer a su libre arbitrio. La única diferencia estriba en que, mientras en Madrid o en Andalucía derrochan nuestro dinero loando las muchas virtudes que adornan a Cristina Cifuentes o a Susana Díaz, en Cataluña lo despilfarran difundiendo las mentiras del nacionalismo.

De forma que el problema no es encontrar el modo de privar a los independentistas de sus medios de propaganda cuando vuelvan al poder. El problema es que, para poder hacerlo, el resto tendría que renunciar a los suyos. Y hasta ahí podíamos llegar. Para que nuestros políticos puedan seguir costeándose sus botafumeiros a nuestra costa, hay que consentir que los separatistas catalanes sigan retribuyendo a sus cizañeros a nuestro cargo. En resumen, se puede acabar con el aparato de propaganda independentista. Lo que no se quiere es pagar el precio de tener que a la vez acabar con el propio.

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