Las elecciones catalanas han servido para constatar que buen número de catalanes quieren que su región sea una nación independiente. Según dicen, ello obliga a negociar. Sin embargo, cualquier exigencia independentista que pudiera ser suficientemente apaciguadora implica reformar la Constitución. Eso en principio no debería asustarnos, pues es algo que puede hacerse perfectamente si una mayoría suficiente de españoles lo desea. De hecho, son muchos los periodistas y políticos que hablan de reformarla, aunque siempre olvidan decir en qué. Ahora bien, suponiendo, que es mucho suponer, que fuera suficiente, ¿estamos dispuestos a que Cataluña disfrute de unos privilegios económicos o de cualquier otra naturaleza negados al resto de las regiones? ¿Aceptaríamos que España dejara de ser una nación para transformarse en una confederación de naciones?
Creo que la mayoría de los españoles contestarían que no. Y hay buenas razones para ello. Construimos en la Transición un carísimo Estado de las Autonomías con el fin de satisfacer las ansias de autogobierno de los catalanes. Permitimos que en Cataluña las leyes y sentencias españolas no se aplicaran por ver si un margen de autogobierno más allá de lo legal era suficiente para que se dieran por satisfechos. Toleramos que el castellano fuera expulsado de la educación y las instituciones de Cataluña, convirtiendo en ciudadanos de segunda a los españoles que viven allí y no hablan catalán. Y no ha servido para nada. ¿Por qué habría de solucionar algo cualquier otra concesión que se nos ocurriera?
Ya se ha visto que la estrategia preferida de Rajoy, la de no hacer nada, no vale. Cuando las primeras violaciones de la ley, pudo haberse aplicado el ordenamiento jurídico a las muchas desobediencias de la Generalidad, pero ahora no sé si es ya tarde. Tampoco sé si la propuesta de Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena de elaborar una ley que permita un referéndum con una pregunta clara sería la solución. En todo caso, de ser éste el camino, habría que entenderlo como una excepción al artículo 2 de la Constitución, que proclama la indisolubilidad de la nación española. Esto a su vez exigiría el voto favorable de dos tercios de las cámaras, disolución de las mismas, nuevo voto favorable de los dos tercios de las recién elegidas y aprobación en referéndum en toda España.
Lo atractivo de esta solución es que entonces los catalanes ya no podrían votar a partidos independentistas para que, con la amenaza de la independencia, extrajeran nuevas concesiones y privilegios, sino que tendrían que manifestarse claramente sobre si quieren ser independientes, con sus ventajas e inconvenientes, o españoles, gozando de la amplia autonomía que les reconocen las leyes, pero no más. Sin embargo, me temo que ni siquiera esto, que podría ser lo más razonable, serviría para contentar a los independentistas, caso de perder el referéndum.
La cuestión es que ésta o cualquier otra solución encaminada a apaciguar a los independentistas muy bien podría apaciguarlos sólo para unos años y, a cambio, dividir al resto de los españoles para siempre. Mucho cuidado, que estamos jugando con las cosas de comer.