Informa El Mundo este jueves de que Alicia Sánchez-Camacho, la ex de Jordi Pujol Ferrusola y el dueño de Método 3 han suscrito un contrato privado por el que las partes se comprometen a no divulgar la información sensible que cada una posee de las otras. La violación del compromiso se sujeta a una cláusula penal de dos millones de euros. No sólo, sino que también pactan la misma pena para quien de los firmantes difunda el contenido de este pacto de silencio.
Lo primero que choca es la naturaleza recíproca. Sabíamos que Método 3 fue quien grabó la conversación entre las dos mujeres. De forma que la agencia de detectives sabe de qué hablaron ambas en La Camarga. Lo que no sabíamos es que Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez tenían a su vez información sensible del director de la agencia. Tan sensible como para que a éste le compense obligarse a guardar silencio de lo que sabe de ellas a cambio de que éstas prometan no decir nada de lo que saben de él. Lo normal hubiera sido que Francisco Marco se hubiera comprometido a guardar confidencialidad de lo que su agencia había grabado a cambio, por ejemplo, de una suma de dinero. Pero no. Lo hace a cambio de que las otras no divulguen la información que tienen de él. ¿Y qué saben de él?
Hay más. Hasta ahora se sospechaba que lo que la ex de Jordi Pujol junior había contado a Alicia Sánchez-Camacho, mientras era espiada por Método 3, era el modus operandi del hijo del expresidente de la Generalidad en sus evasiones fiscales. A mí me parece que esa información sólo es sensible para el hijo de Jordi Pujol. Pudiera también serlo para la ex, si de lo que contó se dedujera que cooperó o encubrió el posible delito fiscal de su exnovio. Pero ¿qué hay en todo eso de sensible para Alicia Sánchez-Camacho? ¿Y para Francisco Marco, que era quien escuchaba sin que supuestamente las otras lo supieran?
Conviene recordar ahora que la juez que admitió la demanda civil de la presidenta del PP catalán lo primero que hizo fue prohibir la difusión de la conversación, que es una cosa muy rara, salvo que la prohibición se refiriera exclusivamente a las partes del proceso. Porque si estaba dirigida a todo el mundo, una de dos, o difundir esa conversación es un delito, y entonces no hace falta que lo prohíba ningún juez, o no lo es, y entonces no es ella quién para prohibirlo.
Me parece que allí no se habló sólo de los trajines del mayor de los Pujol con los billetes de quinientos euros. Se debió de intercambiar información que por lo que sea no interesa que salga a la luz pública. Pero ¿qué? Y, más importante, ¿sobre quién? Habrá que llamar a Sam Spade para que lo averigüe.