El lunes se supo que un empresario investigado por blanqueo de capitales justificó una transferencia de 12 millones de euros que le había hecho Telefónica a Ucrania diciendo que el dinero era en realidad para la fundación del yerno del rey. Suena a chino, pero lo mosqueante es que la transferencia sea precisamente de Telefónica, empresa de la que Urdangarin fue consejero. Ahora, dado lo exorbitante de la suma, lo exótico del lugar de destino y la condición de presunto delincuente del denunciante, pensé que vaya usted a saber. El caso es que el juez Castro, que según se informa no tiene excesiva fe en la pista, ha llamado a declarar al empresario, a la gente de Telefónica y a la de Cajasol, entidad a través de la cual se hizo la transferencia. Bueno, me dije, ya veremos en qué queda todo, probablemente en nada.
Sin embargo, al día siguiente, martes, leo que el fiscal Horrach se opone a que se cite a declarar a esas personas hasta que se compruebe la realidad de la transferencia. El celo de la Fiscalía despertó mi instinto de perdiguero, porque, digo yo, ¿qué mejor para comprobar la realidad de una transferencia que preguntar a quien la hizo, a quien la recibió y al banco a través de la cual se envió? Probablemente la cuestión se resuelva cuando la caja pruebe que no se hizo tal transferencia; o, habiéndose hecho, Telefónica aporte un contrato con el empresario o cualquier persona relacionada con él que justifique el pago. O quizá, aunque no logre explicar el abono, se resuelva que el tema no tiene nada que ver con Urdangarin. O sí, ya se verá. ¿Qué inconveniente puede tener el fiscal en que vayan al juzgado las personas que pueden aclarar el enredo? Doce millones de euros son muchos millones y Telefónica es una empresa que no sería la primera vez que tiene un detalle con el miembro de la familia real.
Así que, dados los antecedentes del fiscal, tantas veces defensor de la infanta Cristina contraviniendo lo que habitualmente suelen hacer sus compañeros en delitos de esta naturaleza cometidos por personas casadas, y considerando también el relativo retraso en reaccionar a la citación del juez, he llegado a concluir que en los doce millones esos podría haber tomate. ¿Qué clase de tomate? No tengo ni idea, pero tomate a fin de cuentas. Encima, el mismo día el caso da lugar a otra noticia, la del informe de Hacienda que revela el secreto de Polichinela, que el duque defraudó a Hacienda una suma suficientemente alta como para ser considerada delito fiscal. De ese modo, la de los doce millones de euros de Telefónica queda sepultada por otra supuestamente más relevante. Quizá la cosa quede en nada y mi olfato no valga lo que el del inspector Clouseau, pero yo estaría pendiente de ver qué sale de eso, sobre todo si el aparato gubernativo-judicial da otra prueba de querer echar tierra al asunto.