Estas elecciones huelen a ilegalidad. Todos percibimos el tufo, pero nadie se atreve a denunciarlo. Lo que sí dicen muchos es que los independentistas han ganado la primera batalla de estas elecciones al conseguir que sean de facto plebiscitarias. Y tienen razón. Lo demuestra que lo único de lo que se debate es de la independencia de Cataluña y de lo mucho o poco que conviene ésta a los catalanes. Asimismo lo prueba que el ministro de Asuntos Exteriores viaje a Cataluña a discutirlo y el que la izquierda ofrezca una oscura reforma constitucional a cambio de que los independentistas depongan su actitud. Los hay que añaden que Cataluña no será independiente sea cual sea el resultado porque falta el cauce legal. Si fuera verdad, ¿a qué estar discutiendo día y noche la conveniencia y las consecuencias de la independencia? ¿A qué suplicar a los que no la quieren que acudan a votar?
Es patente que lo que de facto se juega en estas elecciones es la independencia de Cataluña. No tanto porque vaya a proclamarse automáticamente si los independentistas las ganan, sino porque es seguro que éstos encontrarán el modo de intentar alcanzarla si vencen. Y, por el solo hecho de ser así las cosas, estas elecciones son ilegales. Lo son porque lo que se pretende que resuelvan, y con ese fin exclusivo han sido convocados los electores a ellas, es algo ilegal, además de diferente de aquello para lo que la ley las prevé. Estamos acostumbrados a que los independentistas hagan siempre su santa voluntad porque quienes tienen la obligación de impedírselo han sostenido que nada podían hacer mientras los sediciosos no cometieran formalmente ninguna ilegalidad. El argumento es falaz. Es verdad que hay muchos actos jurídicos que para ser legales requieren una forma. Pero eso no quiere decir que la única manera de ser ilegales que tienen sea incumplir la forma que las leyes les exigen. Hay otras. Y una de las más obvias es perseguir un fin contrario a la ley. Un contrato de arrendamiento de servicios en el que uno contrata a otro para que asesine a un tercero es nulo por mucho que el contrato reúna todos los requisitos de forma que la ley pudiera exigir a los arrendamientos de servicios. Con estas elecciones ocurre lo mismo. Formalmente han sido convocadas como elecciones autonómicas, pero en la práctica son un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Y, puesto que el fin es ilegal, lo son también las elecciones por mucho que formalmente no tengan tacha.
Naturalmente, los habrá que digan que esto es un disparate y que declararlas ilegales no haría más que incrementar las huestes de los independentistas. También lo vienen diciendo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ya ven a dónde nos ha traído el exquisito cuidado que se ha tenido en no alimentar el victimismo nacionalista. Al final, Mas y Junqueras declararán la independencia de Cataluña y podrán vanagloriarse de que lo hicieron ateniéndose exquisitamente a la ley porque quienes tenían la obligación de velar por su cumplimiento sólo se preocuparon de que no faltara la firma del presidente al final del decreto que la proclamó. ¡Vaya forma de cumplir el juramento que hicieron!