No me extraña que los sindicatos tengan que pagar a gente para que asistan a la manifestación contra los empresarios del próximo día 12. Es tal el grado de desencuentro de las centrales con la ciudadanía y tan absurda la razón de la convocatoria que, o se rascan el bolsillo, que para eso se lo llena Zapatero de forma tan generosa, que allí no va a acudir ni el gato si no es cobrando. Uno entendería que UGT y CCOO se echaran a la calle para protestar por el grave deterioro de la situación laboral. Entonces no tendrían que preocuparse de si la gente acude o no a la ‘manifa’ porque seguro que buena parte de los más de cinco millones de parados de nuestro país –entre los oficiales y los no reconocidos– y sus familiares y amigos serían los primeros en apuntarse para criticar a un Gobierno que les condena a la penuria más absoluta por la simple y sencilla razón de que no quiere hacer nada contra la crisis. Hasta yo mismo me pensaría muy seriamente si acudir a la convocatoria. Pero que lo hagan contra quienes crean y mantienen el empleo en nuestro país, a base muchas veces de importantes sacrificios, resulta del todo punto delirante.
Les guste o no a los sindicatos, ni los empresarios tienen la culpa de la crisis, ni sin su concurso se va a salir de ella. A las empresas no les gusta despedir trabajadores porque sí. Cuando lo hacen es porque no les queda más remedio con el fin de garantizar su supervivencia, los empleos que todavía mantengan y su capacidad de generar nuevos puestos cuando las cosas cambien. Así es que, si se ven forzadas a recortar su plantilla, es porque no les queda más remedio. Lo mismo sucede cuando los empresarios insisten en la necesidad de acometer una nueva reforma laboral. Los altos costes del despido en nuestro país les impiden adaptarse con la flexibilidad necesaria a la crisis, lo cual se está llevando de por medio muchas empresas y muchos puestos de trabajo que, de otra forma, podrían salvarse. Además, esos mismos costes impiden que las compañías contraten a más gente porque, con la que está cayendo, si vienen mal dadas no hay forma de ajustar la plantilla y entonces viene la quiebra, salvo que puedan seguir tirando de los contratos temporales, que ni dan estabilidad en el empleo, ni, por lo general, se retribuyen con el mismo nivel salarial que los contratos fijos, porque es la única posibilidad de ajuste que tienen ante las circunstancias adversas. Las altas cotizaciones a la Seguridad Social, a su vez, restan competitividad y suponen una carga demasiado onerosa en tiempos de crisis. Los salarios de entrada al mercado de trabajo, por su parte, son demasiado altos para los jóvenes, incapaces muchos de ellos de rendir por lo que se les paga debido a sus carencias formativas, y les condena a engrosar las ya de por sí largas colas del Servicio Nacional de Empleo. Estas, entre otras, son las cosas que piden las empresas para sobrevivir, mantener el empleo y generar nuevos puestos de trabajo en cuanto puedan.
Además, España no es un país de grandes empresas. Por el contrario, más del 90% de ellas son pymes, que son las que más sufren debido a la rigidez del mercado laboral y que, por tanto, cuando vienen mal dadas, es muy probable que se vean obligadas a echar el cierre, en muchos casos porque son incapaces de pagar las indemnizaciones por despido para acometer una reducción de plantilla que pudiera salvarlas. Pero los sindicatos no quieren ni oír hablar de ello. Como el Gobierno ha señalado a las empresas como culpables de buena parte de los males de la economía, pues las centrales a manifestarse contra ellas ya que, a fin de cuentas, quien paga la factura –y las de los sindicatos las paga el Ejecutivo– pide la música.
Encima, y para echar más leña al fuego, esta izquierda trasnochada que nos ha tocado en suerte dice que los salarios deben ser dignos, entendiendo por tales sueldos similares a los de los países más avanzados de la Unión Europea. El día en que los trabajadores españoles sean igual de productivos que los de otros países podrán efectuar esa reclamación. Pero mientras no lo sean, tendrán que contentarse con lo que hay, que es lo que pueden pagar las empresas.
Por supuesto, a los sindicatos esto les importa un bledo. Da lo mismo que estemos ya en un paro del 20%. Ellos, en plena crisis, a demandar subidas salariales sin tener en cuenta que, de conseguirlo, será a costa de más despidos y de que el paro no se reduzca nunca. Porque el empleo se destruye con mucha facilidad, pero no se crea así como así, pues para eso hace falta que existan empresas. Si éstas se van al garete, ¿quién va a generar puestos de trabajo? Nadie. Esto lo saben muy bien los ciudadanos. En cambio, los representantes sindicales, muchos de los cuales no han trabajado en su vida o, simplemente, llevan años sin dar un palo al agua, prefieren ignorarlo por completo. Ellos están a lo que están, esto es, a ser parte del montaje que ha hecho el Gobierno para permanecer en el poder sin tomar las medidas de política económica que hacen falta, y les importa un cuerno que haya cinco millones de parados en España y que en 2010 podamos llegar a los seis; que las personas que tengan la desgracia de carecer de empleo puedan encontrarse en esa situación durante mucho tiempo y sin medio alguno de vida. Así no es de extrañar que la sociedad les dé la espalda y tengan que pagar a gente para acudir a la manifestación del día 12, que tiene toda la pinta de que se va a saldar con un sonado fracaso. De hecho, ya lo es en tanto en cuanto las centrales tienen que recurrir a semejante argucia. Y es que no se dan cuenta hasta qué punto la gente les da la espalda, hasta qué nivel se encuentran aislados de una sociedad a la que dicen representar y con la que ya no tienen nada que ver.