A Costa se le ve el plumero

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no quiere que el Banco de España analice los riesgos financieros de la OPA de Gas Natural sobre Endesa y habría que preguntarse por qué motivos, ya que su negativa no es convincente y esconde detrás razones que van más allá de las estrictamente técnicas o de competencias del organismo supervisor del sector energético.

 

LA CNE alega en su negativa que carece de competencias para entrar en la cuestión de los riesgos financieros que asuman las entidades que participen en la operación. En sentido estricto, puede tener razón ya que el control de los riesgos en que incurran las entidades crediticias, y detrás de la OPA está una de las más importantes del país, La Caixa, le corresponde al Banco de España. Pero con una perspectiva un poco más amplia, la posición de la Comisión no se sostiene. En primer término, la propia CNE alegó razones financieras cuando vetó la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola al destacar que las dificultades para financiar la operación ponían en peligro las inversiones comprometidas por Gas Natural y la propia Iberdrola en el sector energético.

 

Esa misma consideración sigue siendo igualmente válida hoy en día, teniendo en cuenta que la forma adoptada por la oferta de la compañía gasista sobre las acciones de la eléctrica que preside Manuel Pizarro denotan que Gas Natural no tiene el dinero suficiente para llevarla a cabo y, por eso, ofrece el 65% del pago de los 21,3 euros ofrecidos por cada título de Endesa en acciones de la propia Gas Natural. Y por si no estuvieran claras las limitaciones financieras de ésta última, las noticias recientes acerca de que La Caixa, principal accionista de la gasista y primer financiador de la operación, estaría buscando ahora un acercamiento amistoso ante la falta de capacidad y la concentración de riesgos que supone para ella la OPA en sí misma y, sobre todo, si tiene que subir el precio un 5% para que los accionistas de Endesa acepten, ya que es el incremento mínimo en la oferta que tendría que llevar a cabo teniendo en cuenta cómo han evolucionado las cotizaciones de Endesa y Gas Natural desde que se lanzó la operación el 5 de septiembre.

 

Después está la propia entidad financiera catalana. Si La Caixa concentra demasiados riesgos provenientes del sector energético, donde controla Repsol YPF y Gas Natural y ahora pretende dominar también Endesa, se vería demasiado expuesta a cualquier problema que pudiera surgir en el mismo, que puede ocurrir. No hay que olvidar que esta industria está muy expuesta a los movimientos internacionales en la cotización de las materias primas y las divisas porque afectan tanto al precio del petróleo como al del gas natural y, a través de ambos, también al de la producción eléctrica. Subidas del crudo y del gas, o del dólar frente al euro, o de todos, encarece la producción de electricidad y si las tarifas del gas y la luz no se adaptan de forma automática, cosa que no hacen porque están reguladas, a dichos incrementos, entonces las empresas sufren y quien participa en su capital también. Los riesgos, por tanto, son muchos y muy concentrados en una entidad que, de verse en problemas, tendría que proceder a la venta de activos energéticos, además de limitar la capacidad de inversión de las compañías energéticas en las que participa, todo lo cual acabaría por traducirse en problemas para esta industria y para el conjunto de la economía española en forma de desabastecimiento o de apagones. Por ello, la CNE debería permitir al Banco de España aportar sus análisis y tenerlos en cuenta en su decisión final.

 

No obstante, aunque la conclusión anterior es de una lógica aplastante, y cargada de sentido común, en la CNE priman otras cuestiones. Conviene recordar en este punto que la presidenta de la Comisión, Maite Costa, fue diputada del Partido Socialista catalán, cuya mano, o, mejor dicho, la del tripartito, está detrás de todo este asunto. Y aunque a Costa habría que suponerle la neutralidad propia de un organismo regulador en una cuestión como esta, las primeras acciones que ha llevado a cabo en todo este asunto invitan a pensar que la imparcialidad solo es teórica porque, en la práctica, la Comisión Nacional de la Energía estaría alineándose con la CNMV, el nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Luis Berenguer, y el propio Gobierno en que triunfe la OPA al precio que sea.