Qué mal deben de andar las cosas en Andalucía para que el presidente autonómico, el socialista Manuel Chaves, de la noche a la mañana y de golpe y porrazo, haya decidido aceptar, después de siete años de tira y afloja, la liquidación resultante del modelo de financiación autonómica que discutió una y otra vez con el Gobierno nacional del PP.
La discusión empezó desde el mismo momento en que el Partido Popular puso en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica, en 1997, que el PSOE rechazó de plano. Las tres grandes regiones gobernadas por los socialistas –Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha– se negaron a suscribir el acuerdo y la liquidación resultante del sistema, en una maniobra que tuvo un marcado componente de intento de desgaste político del Ejecutivo de José María Aznar. Había que decir que "no" de entrada para demostrar a los españoles la "catadura" de los "populares". Pero en 2000, después de que el partido de Aznar renovara victoria en las urnas y por mayoría absoluta, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra decidieron que ya estaba bien, que por ese camino no se iba a ninguna parte, que la broma ya les había costado mucho dinero y que era tiempo de dejarse de tonterías y de hacer política en su autonomía con esos recursos como hacían desde 1997 otros gobiernos regionales. Así que firmaron.
Chaves, en cambio, insistió, erre que erre, en que el dinero que debía la Hacienda central a Andalucía no era el que decía el Gobierno, sino que había que incrementar la cifra en 6.000 millones de euros correspondientes a eso que se ha dado en llamar "deuda histórica" de la región. Una supuesta deuda que ni reconoció el propio PSOE en los trece años que estuvo instalado en el palacio de la Moncloa, ni aceptó el PP cuando desalojó del mismo a los socialistas. Pero el presidente andaluz se enrocó en sus argumentos y no dio el brazo a torcer.