El Ejecutivo sigue jugando con el marketing del maquillaje y si ha dicho lo que dijo el viernes, ha sido forzado por los mercados y porque no quería que las cifras de la Comisión volvieran a dar lugar a un nuevo aluvión de críticas.
La Comisión Europea ha vuelto a poner de manifiesto que el Gobierno sigue sin reconocer abiertamente la auténtica magnitud de la crisis económica. Y lo ha hecho presentando unas previsiones todavía peores que las que ofreció el pasado viernes el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Así, frente a la caída del 1,6% en el crecimiento estimada por el Gobierno, Bruselas considera que será del 2%; que el año próximo España seguirá en recesión, con una caída del 0,2% frente al crecimiento del 1,2% con el que sueña el Ejecutivo; que el déficit público se va a disparar hasta el 6,2% –medio punto más que las cuentas que le salen al Ministerio– y que el paro crecerá hasta el 16,1%, porcentaje que, sin lugar a dudas, garantiza que se alcance en España esa cifra maldita de los cuatro millones de desempleados que el Gabinete dice que nunca se va a alcanzar.
Lo primero que llama la atención de las previsiones de la Comisión Europea es que sean sensiblemente peores que las del Gobierno. Bruselas, por lo general, suele tener en cuenta las opiniones de los distintos Ejecutivos, con los que habla con frecuencia para elaborar sus estimaciones, y, por lo general, tiende a situarse en el escenario más prudente de todos y a no perjudicar a ningún país con sus cálculos (lo que diga la Comisión sobre la marcha de tal o cual economía es tenido bastante en cuenta por los mercados). Pues bien, aún así, las cifras del Ejecutivo comunitario siguen siendo todavía peores que las que ofrece el Gobierno y, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo más probable es que sean mucho más fiables. Esa diferencia entre los cálculos de uno y otro pone de manifiesto, nuevamente, que Zapatero y los suyos siguen sin reconocer plenamente la verdadera magnitud de la crisis y prueban una vez más que la revisión de las previsiones ha venido forzada por los acontecimientos, más que por un verdadero deseo de admitir que las cosas son como son, por mucho que el último cuadro macroeconómico presentado por Solbes ya se aproxime mucho a la realidad. Sin embargo, con unas elecciones en puertas, como las autonómicas gallegas y vascas y las europeas, no es lo mismo decir que la economía caerá el 1,6% que el 2%, o que el desempleo superará o no los cuatro millones de parados. El Ejecutivo, por tanto, sigue jugando con el marketing del maquillaje y si ha dicho lo que dijo el viernes, es cada vez más probable que haya sido forzado por los mercados y porque no quería que las cifras de la Comisión volvieran a dar lugar esta semana a un nuevo aluvión de críticas sobre la realidad económica que minaran aún más su campaña de propaganda.
Con las previsiones para 2010 se repite nuevamente esta historia, pero de forma más sangrante. Bruselas dice que el año próximo seguiremos en recesión, con una caída del PIB del 0,2%, mientras que el Gobierno quiere hacer creer a todo el mundo que la crisis tocará fondo a mediados de este año y que el próximo será el de la recuperación, algo que, de creérselo alguien, sólo se lo cree el Ejecutivo. ¿De dónde va a venir ese impulso al crecimiento con Europa en recesión, con la caída del turismo, con el sector de la construcción destrozado y con el crédito congelado? De ningún sitio.
Obviamente, esta tendencia se puede alterar con el tiempo si se toman las medidas de política económica que se precisan en estos momentos. Pero cuando Solbes dijo el pasado viernes que el Gobierno ya no tenía margen de maniobra, estaba dando a entender tanto que ya no había más posibilidades de seguir tirando de chequera como que, ante semejante panorama, el Gobierno no podía hacer nada. Esto último no es verdad. El Ejecutivo puede empezar a aprobar las reformas estructurales que necesita la economía española. Ahora bien, como son dolorosas e impopulares, Zapatero no quiere oír hablar de ellas. También puede empezar a anunciar recortes en el gasto público, de acuerdo con la situación económica y presupuestaria que ha presentado, para frenar el deterioro de la credibilidad de España ante los mercados financiero y evitar tanto que las agencias de calificación sigan revisando a la baja el rating de España como que el diferencial de tipos de interés con Alemania sigua ampliándose. Pero como eso implica poner fin a las medidas populistas de Zapatero, el Ejecutivo tampoco lo va a hacer.
Aún así, y en contra de lo que dice Solbes, sigue habiendo margen de actuación. ¿Dónde? En el sistema de financiación autonómica. Con la que está cayendo, el Gobierno debería suspender ese nuevo esquema que va a dar tantos recursos a las autonomías para que los dilapiden, porque la realidad de las comunidades autónomas es que no son más que máquinas de gastar sin compromiso alguno con la situación económica del país que exige menos gasto y más recortes de impuestos. Con la excepción de la Comunidad de Madrid, las autonomías no bajan impuestos ni por equivocación. Por ello, el Gobierno debe conservar ese margen de maniobra suspendiendo las negociaciones sobre financiación autonómica y destinar esos dineros a recortar la presión fiscal de las empresas y las familias. De esta forma, las primeras podrían sobrevivir y mantener más puestos de trabajo y las segundas, consumir o ahorrar más, da igual porque cualquiera de las dos opciones es buena para la economía española. Zapatero, sin embargo, no se atreverá a tomar semejante decisión porque implicaría el incumplimiento de la palabra dada a Montilla y los socialistas catalanes respecto a la financiación autonómica.
En consecuencia, si el Gobierno no tiene margen de maniobra es porque no quiere asumir el coste de tomar decisiones impopulares, porque haberlo, lo hay. Otra cosa es que se quiera aprovechar ese margen y Zapatero no parece estar por la labor. Quedaría en evidencia ante todas las críticas justificadas que se han vertido contra él y su Ejecutivo por haber suspendido el proceso de reformas estructurales en la pasada legislatura, por haber dilapidado el superávit presupuestario para satisfacer sus intereses electoralistas y por haberse comprometido con los socialistas catalanes a lo que nunca debió comprometerse.
