Prácticamente todos los líderes políticos regionales hablan de la crisis, sobre todo para pedir más dinero al Estado, pero prácticamente ninguno de ellos hace nada serio para combatirla y superarla cuanto antes. Prácticamente ninguno, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la única que está demostrando una verdadera sensibilidad con la gravedad de la situación económica y, en consecuencia, utiliza todos los mecanismos de que dispone el Gobierno regional para combatir la crisis. De esta forma, a las decisiones de suprimir una consejería y rebajar los impuestos a los madrileños, ahora se suma la de reducir en un 2% el sueldo de todos los altos cargos de la Administración regional, incluidos los de las empresas públicas. Cuantitativamente, esta medida no es transcendente, aunque no hay que olvidar tampoco que granito a granito se construye una montaña. Pero su importancia cualitativa es enorme por lo mucho que simboliza.
Hoy por hoy, las comunidades autónomas gestionan alrededor de la mitad del gasto público de este país. En buena lógica, su implicación para combatir la crisis y reducir el déficit público debería ser total. Por desgracia, y con la excepción de Madrid, la colaboración de las autonomías brilla por su ausencia, como si la salida de la crisis no fuera cosa suya sino responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Sin embargo, en un país que camina a pasos agigantados hacia los cinco millones, o más, de desempleados –diga lo que diga Corbacho sobre los datos de paro de junio– y hacia un déficit público del conjunto –y subrayo lo de conjunto– de las Administraciones Públicas del 10% del PIB, todos están implicados en el problema, porque son parte de él, y, por tanto, deben estarlo también en la solución. Por desgracia, el compromiso autonómico en este sentido brilla por su ausencia en todo lo que no se trate de medidas electoralistas o de alcance exclusivo para determinados grupos sociales de la región cuyas desgracias podrían tener un impacto mediático, y político, para el Ejecutivo regional de turno. Pero de arrimar el hombro para resolver los problemas del conjunto del país, nada de nada.
Hoy por hoy, resulta del todo punto imprescindible meterle al gasto público tijeretazo tras tijeretazo para reconducir el déficit primero hacia niveles cuya financiación no hipoteque ni a la economía española ni a su futuro, y luego para volver a equilibrar las cuentas públicas. Pero salvo Madrid, aquí nadie toma una medida en ese sentido, sino todo lo contrario: el poco margen para gastar que tengan o puedan tener las autonomías lo utilizan para seguir financiando pagos muchas veces más que discutibles. Por si fuera poco, quieren más dinero a través de la nueva financiación autonómica, en lugar de utilizar la posibilidad de subir los impuestos, cosa que pueden hacer pero que no quieren porque eso es impopular y resta voto, y mejor que lo haga el Estado. Pero ellas, les guste o no, también van a tener que pagar sus despropósitos en materia de gasto público, porque tendrán que emitir deuda para financiar los déficit que se niegan a reducir, y tendrán que hacerlo a tipos de interés bastante altos. En su pecado llevarán su penitencia aunque, por desgracia y como pasa siempre, la penitencia tendrán que cumplirla los contribuyentes.
Las autonomías, por tanto, deben reducir drásticamente su gasto público, pero como nadie quiere perder privilegios, ninguna de ellas, salvo Madrid, lo hará. Por el contrario, seguirán pidiendo más y más dinero al Estado. Pero así no se sale de la crisis.
Lo que ha hecho Esperanza Aguirre, además, debería ser un símbolo de la política contra la crisis del PP. Por desgracia, ninguna de las demás autonomías gobernadas por el Partido Popular parece querer transitar por la misma senda y la dirección nacional de la formación o no desea o no puede imponer una política que marcaría claramente las distancias con el desastre de la gestión de Zapatero y le proporcionaría una imagen de verdadera alternativa política, capaz de sacarnos de la crisis, frente a un Gobierno calamitoso.
El recorte del 2% de los sueldos de los altos cargos de la Administración, por último, simboliza el compromiso de la clase dirigente madrileña con toda la sociedad porque aquí, le pese a quien le pese, va a haber que apretarse el cinturón unos cuantos agujeros para poder salir del pozo tan profundo en que estamos metidos. Decisiones como ésta son las que legitiman a un partido para pedir sacrificios a la población y para hablar de una reforma laboral. Pero en el PP, de momento, no se percibe que lo de Aguirre sea la norma, sino la excepción. Y es que, al final, da igual el color político o las siglas que arropen a uno u otro dirigente regional, porque todos son iguales... todos menos Esperanza Aguirre.