Cada vez que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, habla del crecimiento continuo de la afiliación a la Seguridad Social, en gran medida debido a los inmigrantes, no omite una referencia a cómo dicha evolución contribuye a estabilizar el sistema público de pensiones. Sin embargo, este argumento sólo es cierto en parte y extiende una cortina de humo sobre el verdadero problema del futuro de las pensiones.
A lo largo de los diez últimos años, las medidas de saneamiento económico y estimulo del crecimiento y el empleo adoptadas por los gobiernos del PP, así como la reforma de la Seguridad Social aprobada en 1997, tuvieron dos efectos sobre el sistema público de pensiones. Por un lado, la creación de empleo y, en consecuencia, el incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social transformaron los números rojos del sistema de pensiones en un superávit anual que ha permitido crear y aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social; por otro, esta nueva realidad financiera del sistema retrasó de 2010 a 2020 el momento en que empezarán los problemas. En este sentido, la inmigración no es la solución definitiva ya que los extranjeros que han empezado a cotizar a la Seguridad Social aportan poco con relación a la cuantía de las prestaciones a las que, en el futuro, tendrán derecho. De esta forma, lo que se ha hecho es retrasar el momento en que estallará el problema, pero también ampliar drásticamente su magnitud cuando éste aparezca.
La Fundación de Estudios Financieros acaba de presentar un estudio de José Antonio Herce, titulado Pensiones y ahorro a largo plazo: un viejo problema en busca de nuevas soluciones, que arroja bastante luz acerca de la dirección a seguir en el futuro sobre esta cuestión. El trabajo, crítico con el argumento del Gobierno de que los inmigrantes son la solución para el sistema, advierte de la conveniencia de adaptar la realidad de las pensiones al aumento de la esperanza de vida, por lo que su autor recomienda que por cada cinco años de incremento de esta última, la edad de jubilación se retrase en tres, una posibilidad que ya contempla el propio Pacto de Toledo. En este sentido, la intención del ministro de Administraciones Públicas de prejubilar a 25.000 funcionarios constituye un mal síntoma porque, además de perderse un importante capital intelectual acumulado durante años de trabajo y experiencia, sienta un mal precedente a la hora de frenar las prejubilaciones en el sector privado, que tan caras le resultan a la Seguridad Social.
El documento advierte también de la necesidad de que el Estado devuelva a los individuos la responsabilidad sobre sus pensiones y, desde esta óptica, movilice a los particulares en la defensa de sus intereses, lo que lleva inexorablemente a la promoción de los planes privados de pensiones. De esta manera, si en el futuro la Seguridad Social no cuenta con recursos suficientes para pagar a los jubilados una pensión digna, éstos puedan complementar la pensión pública con la procedente de planes privados. La posibilidad de el día de mañana la pensión sea corta no es un mero ejercicio especulativo. Por el contrario, en 2050, el gasto público en pensiones en España supondrá el 25% del PIB, si las cosas no cambian, frente al 9% actual. Dicha cantidad, además de ser muy elevada, o bien anulará la capacidad del Estado para abordar otras muchas cuestiones propias de su competencia, o bien llevará inexorablemente a subidas de impuestos que minarán la capacidad de crecimiento de la economía y el bienestar de los ciudadanos. Por ello, es importante adquirir desde ya que la pensión es responsabilidad de uno, con independencia de la obligación de cotizar a la Seguridad Social.
No obstante, el traslado de responsabilidades lleva consigo una exigencia, que es una mejora del trato fiscal que reciben actualmente los planes privados de pensiones. Esta realidad es conocida por ámbitos del Gobierno, como la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Pese a ello, en otras partes del área económica, como la Secretaría de Estado de Hacienda o la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno se insiste en reducir los beneficios fiscales por aportaciones a planes privados de pensiones. Esto es un gran error porque se está jugando con el bienestar de los futuros pensionistas, pero, por lo visto, lo que le importa a determinados ámbitos del Gobierno es que, en vez de ser libres y tener oportunidades de elegir qué hacer con nuestra vida y nuestro futuro, todos dependamos del Estado y seamos más o menos iguales… en la pobreza del pensionista.
