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¿Déficit oculto?

¿A cuántos autónomos podría pagar el Estado el dinero que les adeuda si Zapatero se quitara de encima a tanto asesor inútil como tiene? ¿Y si hiciera desaparecer ministerios tan inútiles como el de Vivienda o el de Igualdad?

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El Gobierno está entrando en una dinámica inquietante y peligrosa en relación con el gasto público. No sólo es que tire de chequera a la menor ocasión que se le presente, que dilapide los escasos recursos que había en las arcas públicas, que compre votos con el dinero de todos para poder sacar adelante los presupuestos de 2010 y, de esta forma, poder seguir en el poder; o que se niegue a meter la tijera a los pagos del sector público, que es lo que exigen las actuales circunstancias, y, en cambio, opte para el año que viene por incrementar unas salidas de dinero que no tiene con qué financiar si no es a costa de endeudar a España hasta límites insostenibles. Es que, además, el Estado no paga a sus proveedores, a muchos de los cuales ha colocado al borde del abismo porque los bancos no les admiten a descuento los compromisos de pago de las Administraciones Públicas. ¿Cómo los van a aceptar las entidades financieras si éstas saben de sobra que a partir de marzo del próximo ejercicio el sector público se las va a ver y se las va a desear para colocar las monumentales cantidades de deuda que va a emitir?

Los autónomos, de momento, ya se han manifestado reclamando al Estado que abone sus deudas. La cuestión es por qué no ha pagado hasta ahora porque esos gastos deberían estar consignados en los presupuestos y, por tanto, contar con recursos para hacer frente a los mismos. Sin embargo, los autónomos, como muchas empresas, en especial pequeñas y medianas, siguen sin cobrar lo que el Gobierno les adeuda, lo cual les coloca al borde de la quiebra, si es que no se encuentran ya en esa situación, con lo que cientos y cientos de personas están pasando a engrosar las ya de por sí muy numerosas listas del paro, cuando no directamente las estadísticas de pobreza en nuestro país. Una de las prioridades del Gobierno debería ser atender a estos pagos porque las pequeñas y medianas empresas, lo mismo que los autónomos, constituyen el pilar central de la actividad productiva en España y de la creación de empleo. Si unas y otros desaparecen, se pierden con ellos cientos de empleos necesarios para cimentar la recuperación económica. Por desgracia, al Ejecutivo esto le da igual.

Aún así, el Gobierno está gastando decenas de miles de millones de euros al año. Pero, ¿a dónde va ese dinero? Porque si no paga las facturas es que esos recursos se están dedicando a otras cosas distintas a aquellas que figuran en los presupuestos, lo cual ya es de por sí grave. Sin embargo, mucho peor aún es la sospecha que empieza a surgir acerca de si esas deudas que el sector público tiene con sus proveedores realmente están computadas en ese dramático déficit presupuestario del 12% del PIB con que va a concluir 2009 o si, por el contrario, se ha optado por guardar esas facturas en el cajón y no computarlas como gasto porque todavía no se hayan abonado. Esta cuestión no es, ni mucho menos, gratuita, porque esta práctica ya la utilizaron con profusión los socialistas en tiempos de Felipe González cuando la crisis económica de 1992 drenó todos los recursos del Erario público y luego cuando el PP llegó al poder se encontró con un agujero presupuestario escondido de más de medio billón de nuestras antiguas pesetas y teniendo que pedir un préstamo para poder pagar las pensiones porque en las arcas de la Seguridad Social no había más que telarañas. Así es que cabe preguntarse si ahora no estará ocurriendo lo mismo.

Sea lo que sea, resulta de todo punto inadmisible que el Gobierno esté condenando a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a la desaparición porque no pague sus facturas. Y es que, por otra parte, dinero para malgastar parece que no le falta, por ejemplo, esos 11.000 millones de euros que va a dar graciosamente a las autonomías en lugar de forzarlas a enderezar sus cuentas y adaptarlas a una situación en la que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ni los ingresos impositivos van a ser tan importantes como en el pasado ni van a crecer al ritmo que lo ha hecho en los últimos años la recaudación tributaria vinculada con la vivienda y el sector inmobiliario. El Ejecutivo ha forzado tanto a los autónomos y a las pymes a apretarse el cinturón que hace tiempo que ya no les quedan agujeros, mientras las administraciones siguen sin economizar ni un solo euro, sin recortar y reestructurar sus gastos, que es lo que deberían de empezar por hacer, teniendo en cuenta tanto la gravedad del deterioro de sus cuentas como las nefastas consecuencias que acarrea la morosidad del sector público para quienes carecen de la capacidad financiera de las grandes empresas para capear el temporal e ir tirando hasta que algún día puedan cobrar las cuentas pendientes.

¿A cuántos autónomos podría pagar el Estado el dinero que les adeuda si Zapatero se quitara de encima a tanto asesor inútil como tiene? ¿Y si hiciera desaparecer ministerios tan inútiles como el de Vivienda o el de Igualdad? ¿Y si recortara las transferencias a esas comunidades autónomas que dilapidan el dinero en, por ejemplo, abrir embajadas o tunear despachos? ¿Y si dejara de dar dinero a los sindicatos a manos llenas para taparles la boca y que no le convoquen a Zapatero una huelga general? Y eso por no hablar del enorme retraso de Hacienda en la devolución del IVA que han adelantado las empresas, o en los pagos por el Plan E y demás. Y es que, cuando se anda tan corto de recursos económicos como lo está este Gobierno, se impone tanto un drástico recorte de todo aquello que no sea estrictamente necesario como un cambio de prioridades para empezar a atender primero a aquellos pagos de cuya realización depende la supervivencia de quienes crean y mantienen el empleo en nuestro país. Por desgracia, o esto no le entra a Zapatero en la cabeza o esta lección, como muchas otras, no figura en su manual de Economía en dos tardes.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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